La Generalitat publicó ayer en el DOGC la ley de regulación de los precios de la vivienda, lo que significa que la controvertida medida entra hoy en vigor a la espera del previsible recurso de anticonstitucionalidad que, al menos el PP, ya ha anunciado su interposición. La norma establece topes de precio para los nuevos contratos en sesenta municipios catalanes.

La ley, pionera en España, se aprobó en el último momento en el Parlament hace unos días, después de que JxCat diese su brazo a torcer y se sumase a los votos de ERC, los comunes y la CUP. La normativa permite regular el precio de las viviendas destinadas a residencia cuando se encuentran en zonas declaradas como «mercado de vivienda tensionado» –unos 60 municipios– y recoge las inquietudes del Sindicato de Inquilinos. Este requisito se cumple cuando el precio del alquiler supera el 30% de los ingresos habituales de los hogares, la renta media de las personas menores de 35 años o haya crecido tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años.

Así las cosas, en aquellos puntos en los que no hay vivienda asequible disponible, el coste del alquiler queda vinculado al índice de la Agencia de la Vivienda de Cataluña. Las infracciones por falsear este precio de referencia van de los 3.000 a los 90.000 euros. Quedan exentos de la ley, sin embargo, los pequeños tenedores que se encuentran «en situación de vulnerabilidad». Es decir, aquellos propietarios con ingresos menores a 2,5 veces el indicador de renta de suficiencia (1.900 euros, aproximadamente, incluyendo la renta del alquiler).

La Generalitat, los ayuntamientos, consejos comarcales o diputaciones tienen potestad para promover la declaración de mercado inmobiliario «tensionado», que tendrá una duración máxima de cinco años, prorrogables por otros cinco, y puede quedar sin efecto si desaparece la situación inmobiliaria que lo provocó. Los ayuntamientos, además, podrán flexibilizar la norma y adaptarla a las necesidades de cada municipio, con lo que podrán reducir o incrementar el precio del índice de referencia en un 5% y excluir a las viviendas con más de 150 metros cuadrados. Como medida de urgencia, la ley declara de forma inmediata que Barcelona y 59 municipios tienen un «mercado tensionado» con un año de vigencia. En el caso de la capital catalana, por ejemplo, el precio del alquiler ha aumentado un 43% en sólo seis años.