El Parlament aprueba la limitación del precio del alquiler en Cataluña

Cataluña se ha convertido en la primera autonomía de España en limitar el precio del alquiler. El Parlament ha aprobado esta tarde la proposición de Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de alquiler de vivienda gracias a los votos a favor de JxCat (30), Esquerra (30), Catalunya en Comú-Podem (8) y la CUP (4). La norma ha salido adelante gracias a un acuerdo de última hora ya que el partido de Carles Puigdemont se había echado atrás en julio al introducir 8 enmiendas al texto inicial, consensuado entre las cuatro formaciones y el Sindicato de Llogaters -al final se han retirado 6 de las 8 enmiendas-.

La norma plantea regular el precio del alquiler en 60 municipios de Cataluña -por encima de los 20.000 habitantes- considerados “áreas con mercado de vivienda tenso” y se limita solo a las viviendas habituales de los arrendatarios. ¿Cómo se determina el precio máximo a pagar? De dos maneras: por un lado, a través del índice de referencia establecido por la Generalitat -es un indicador que calcula el precio del metro cuadrado del alquiler en función de diferentes variables (ubicación, planta, estado de mantenimiento, certificado energético, año de construcción o si está amueblado)-; por otro lado, el precio no puede rebasar el del contrato anterior -incrementado con el índice de garantía de competitividad-.

Si bien -aquí es donde ha radicado las diferencias y el acuerdo final entre los impulsores-, quedarán eximidos de esta norma los propietarios que tengan ingresos inferiores a 2.000 euros mensuales incluyendo el alquiler -es decir, 2,5 veces por debajo del Indicador de Renta de Suficiencia (IRSC)-: inicialmente, el Sindicato de Llogaters planteaba que quedarán eximidos los propietarios con ingresos inferiores a 1.200 euros mensuales, mientras que JxCat fijaba el límite en 3.130 euros.

Asimismo, también se podrán establecer incrementos en el precio del alquiler por encima del fijado en el precio de referencia si hay mejoras en la vivienda hasta un máximo de un 20% -en el texto inicial el tope estaba fijado en un 5% de incremento-. El Sindicato de Llogaters subraya, además, que ningún contrato podrá superar el precio del anterior y que se incentivarán pequeñas reducciones si el arredantario ya paga más que el precio de referencia.

En contra de la Ley han votado el PDeCat (4), que se ha desmarcado de JxCat al considerar que la Ley no defiende al pequeño propietario y a largo plazo reducirá la oferta de vivienda en alquiler. También ha votado contra esta norma la escisión independentista de Unió, Demòcrates (2), que ahora está en el grupo parlamentario de Esquerra.

Ciudadanos, PSC y PP se ha mostrado contrarios a la Ley ya consideran que es “anticonstitucional” porque invade competencias del Estado, por lo que también se abre la puerta a que la Ley pueda ser recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC). De momento, el líder de los populares en Cataluña, Alejandro Fernández, ya ha anunciado que la llevarán a al TC. La Ley cuenta con un revés del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) -el Tribunal Constitucional catalán, aunque sus dictámenes no son vinculantes-, ya que considera que varios artículos -11 de los 15- invaden competencias estatales o vulneran el Estatut y la Constitución.

En el debate parlamentario, la diputada de Ciudadanos, Noemí de la Calle, ha criticado que la Ley “es una mentira preelectoral” del Govern para “lavarse la cara” y “tapar el incumplimiento reiterado de la ley vigente en Cataluña, que dice que el 15 por ciento de vivienda ha de ser de uso social”, en alusión a la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, que establecía que en veinte años se tenía que llegar al objetivo de que el 15 por ciento del parque de vivienda tenía que ser de uso social. “¿Y qué han hecho?, ¿qué llevamos? Más de la mitad del plazo. ¿Y qué han hecho? Nada. No llegamos ni al 2 por ciento, porque lo suyo es puro teatro, sólo para la galería, pues para confrontar, pero políticas de verdad, ninguna, que es poner dinero público. Saquen dinero de TV3 y póngalo en vivienda”, ha planteado.

La diputada del PSC, Rosa Maria Ibarra, ha advertido que esta Ley “no tendrá recorrido” porque la mayoría de sus artículos son “inconstitucionales y antiestatutarios”, según el CGE. “Si se equivocan de camino, no se llega al objetivo”, ha dicho Ibarra. “La vivienda es un ámbito muy sensible”, ha afirmado en alusión a “enviar mensajes” que pueden generar “expectativas” a unos e “incertidumbre” a otros y puede acabar “produciendo el efecto contrario al que se prentendía buscar”. Además, ha recordado que ya avisaron que un tema de esta envergadura no se puede tramitar por lectura única “sin el necesario debate entre todos los grupos” o comparecencias de expertos y estudios que certifiquen que se pueden aplicar las mismas soluciones en Cataluña que hay en otros países. “Estamos convencidos de que esta es para ustedes una nuevo oportunidad de agitar la confrontación”, ha afirmado.

El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha reprochado que la Ley trata de proteger el derecho a la vivienda, que “nadie discute”, a costa de otro derecho fundamental como la propiedad privada. “Esto es muy importante porque, sin propiedad privada, no hay democracia”, ha afirmado. “Ustedes combinan dos elementos letales. El fomento, no diré explícito, pero sí la manga ancha hacia la ocupación ilegal (...) con la limitación del precio del alquiler”, ha criticado. “Hace la vida imposible al propietario. Y el propietario, en esas condiciones, solo tiene una opción, que es o quedarse el piso y no ponerlo ni a alquiler ni a la venta, esperar que no se lo ocupen o, si necesita recursos económicos, liquidez, lo pone a la venta. No lo pone jamás en la vida de alquiler porque se cierne sobre él una doble amenaza”, ha agregado, antes de recordar, también que el 93 por ciento de los tenedores de viviendas son pequeños propietarios, “familias que han ahorrado toda su vida para tener una segunda o una tercera residencia, un pequeño apartamento; familias humildes”.

Finalmente, la patronal catalana, Foment del Treball, ha cargado contra la aprobación de la ley para limitar el precio de los alquileres y ha advertido de que el sector inmobiliario considera que “es un error mayúsculo que perjudicará a todo el sector y a la construcción de viviendas amenazando la actividad económica hasta llegar a la parálisis”. Además, la patronal ha recordado que vulnera la Constitución y el Estatut en 18 puntos de su articulado, tal como resolvió el Consell de Garanties Estatutàries. “Es un grave y mayúsculo error que llega en uno de los peores momentos de crisis”, ha agregado.