El Partido Popular, junto al Grupo PPE, ha logrado aplazar la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Deforestación y rebajar sus exigencias, una normativa que, de haberse aplicado de inmediato, habría afectado gravemente a ganaderos y empresas agroalimentarias en Castilla y León. Ha sido en una votación en el pleno del Parlamento Europeo celebrada este jueves 14 de noviembre.

El portavoz adjunto del PP en la Eurocámara, Raúl de la Hoz, ha afirmado que “gracias al PP, se ha aplazado la entrada en vigor del reglamento europeo de deforestación que amenazaba con arruinar a ganaderos y empresas agroalimentarias de Castilla y León”.

El eurodiputado castellano y leonés mostró su sorpresa dado “que a pesar de la trascendencia de esta decisión para el medio rural de Castilla y León, el PSOE votó en contra del aplazamiento, mostrando nuevamente su desconexión con las necesidades del campo y los sectores productivos.” Así ha asegurado que “el PP muestra su compromiso con la lucha contra la deforestación ilegal, pero lo hace protegiendo al medio rural y al sector agroalimentario, sin imponer obstáculos innecesarios a las empresas españolas”.

El Reglamento Europeo de Deforestación tiene como objetivo evitar que los productos vendidos en la Unión Europea estén relacionados con la deforestación en cualquier parte del mundo. Para ello, exige que las empresas comprueben el origen de ciertos productos, como la soja, el aceite de palma y la carne, y demuestren que no provienen de tierras deforestadas.

Sin embargo, esta medida impone importantes requisitos burocráticos y logísticos, especialmente a pequeños y medianos productores. La trazabilidad detallada y la documentación requerida suponen también un reto considerable para muchos negocios del sector agroalimentario y ganadero, especialmente en zonas como Castilla y León.

Según el eurodiputado “los ganaderos y las pequeñas empresas no podían asumir más cargas de forma precipitada”. A su juicio “este aplazamiento es fundamental para que puedan adaptarse a las nuevas exigencias sin poner en riesgo su viabilidad económica”.

Con el aplazamiento de su entrada en vigor, las grandes empresas tendrán hasta el 30 de diciembre de 2025 para cumplir con el reglamento, mientras que las micro y pequeñas empresas dispondrán de plazo hasta el 30 de junio de 2026.