Política
La Junta espera que el TC haga decaer la Ley de Amnistía
González Gago muestra su satisfacción por que el Alto Tribunal haya admitido a trámite varios recursos de comunidades del PP como Castilla y León contra esta norma que vulnera la legalidad y la igualdad entre los españoles
El Tribunal Constitucional admitía ayer a trámite los recursos de inconstitucionalidad que fueron planteados por varias regiones gobernadas por el PP, entre ellas Castilla y León, así como por la socialista de Castilla-La Mancha, contra la Ley de Amnistía impulsada por Sánchez para favorecer a los implicados en el Golpe de Estado de Cataluña de octubre de 2017 para lograr los votos de los separatistas y seguir en La Moncloa.
Una decisión del tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido, que no se pronunciará al respecto hasta el año que viene, pero que ha sentado bien en la Junta de Castilla y León, donde han mostrado su satisfacción en boca del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.
De hecho, cabe recordar que la comunidad castellano y leonesa fue la primera región de la España autonómica en recurrir dicha Ley por considerarla inconstitucional así como el mayor atentado perpetrado contra la democracia en España y la ruptura de la igualdad entre españoles, en palabras del propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
"El Tribunal Constitucional haya entendido que la legitimación para presentar el recurso existía, dado que no solo la de Castilla y León, sino el resto de recursos presentados por las comunidades autónomas también han sido admitidos", destacaba este miércoles González Gago, en declaraciones recogidas por Ical, durante un acto en Valladolid para presentar los resultados de recogida de gafas para Guinea Bisáu.
El consejero se mostraba también esperanzado en que los argumentos presentados por la Junta en el recurso sean estimados en la sentencia del Tribunal Constitucional para que haga que decaiga la Ley Orgánica de Amnistía, puesto que, según González Gago, es se trata de una norma amparada en principios que vulneran la igualdad y la legalidad que se encuentran expresadas con claridad en el ordenamiento jurídico español.
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