La Junta de Castilla y León ha registrado este martes 10 de septiembre el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía para la "normalización institucional, política y social en Cataluña" y ha pedido también la recusación de Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez, ya que considera que deberían abstenerse por su “acreditada vinculación con el asunto recurrido”.

Así lo anuncia el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en un mensaje publicado en su perfil de la red social de "X" donde explica que "se presenta en defensa del Estado de Derecho y del principio de igualdad entre todos los españoles, pilares básicos sobre los que se asienta la Constitución".

El recurso se presenta en la fecha límite de tres meses después de que la ley fuera publicada en el BOE el pasado 10 de junio, si bien el anuncio de su presentación arranca del mes de noviembre cuando lo decidió el Consejo de Gobierno.

Después de recibir el informe del Consejo Consultivo de Castilla y León, el Consejo de Gobierno acordó de manera oficial autorizar a los Servicios Jurídicos de la Administración de la Comunidad la presentación del recurso, que se realizó hace unas horas, según precisa Fernández Mañueco.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, aseguró que “la aplicación de la Ley de Amnistía ha supuesto unos privilegios para ciertas personas que han cometido unos hechos delictivos de extraordinaria gravedad. Por eso, confiamos en que el Tribunal Constitucional admita y estime este recurso que hoy se ha interpuesto”.

Sin poner en duda la legitimidad de la institución del Tribunal Constitucional, la Junta de Castilla y León considera, además, que hay determinados magistrados que, por su cercanía a la materia objeto de deliberación, no deberían intervenir en la resolución de este asunto. Por esta razón, el Gobierno autonómico ha pedido la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, del magistrado Juan Carlos Campo y de la magistrada Laura Díez.

Cumplimiento de los compromisos

El consejero de la Presidencia afirmó que el Gobierno de Castilla y León es “serio y responsable, y por eso cumple con los compromisos que va adquiriendo con la ciudadanía”. En este sentido, tal y como avanzó el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y más allá del recurso presentado hoy, la Junta de Castilla y León se comprometió a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo "por la pasividad que el Gobierno de España está demostrando al no haber convocado todavía una Conferencia de Presidentes" para tratar temas de interés común para todas las comunidades autónomas, como fue en su día el de la amnistía, y como son ahora, en particular, la financiación autonómica, la falta de médicos, o la crisis migratoria, vulnerando con ello los principios establecidos normativamente de interlocución multilateral, de ponderación de las competencias de todas las administraciones, y de consenso. Por ello, dicho recurso se interpuso el 25 de julio, y se ha conocido la semana pasada que ha sido admitido a trámite por el Alto Tribunal mediante providencia de 6 de septiembre.

Ahora, desde la Consejería de la Presidencia se destaca que “el presidente de la Junta cumple con su compromiso de recurrir la Ley de Amnistía, por vulnerar el derecho a la igualdad de todos los españoles que promulga la Constitución”. Por ello González Gago señaló que “la Comunidad de Castilla y León está legitimada para interponer este recurso a una ley que supone un perjuicio y un agravio comparativo entre ciudadanos de diferentes comunidades autónomas y de diferentes ideologías, que ven cómo la aplicación de la ley suprime las consecuencias de la comisión de delitos por parte de ciertas personas, mientras que para otras el ordenamiento jurídico sigue siendo de obligado cumplimiento”.

Por último, las mismas fuentes recordaron que “también el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado la interposición de todos los recursos judiciales que sean oportunos ante el inminente concierto económico con Cataluña, si este llega a materializarse, por vulnerar el derecho de cohesión territorial y solidaridad; un derecho que el Gobierno de España pretende, previsiblemente, eludir a través de sus negociaciones con las fuerzas políticas catalanas separatistas, con el único objetivo de pactar la Presidencia de la Generalitat, y que supondría una merma muy importante de los recursos públicos de la caja única, con el consiguiente perjuicio para los servicios públicos que reciben los castellanos y leoneses”.

Por ello, el consejero de la Presidencia advirtió “que nadie tenga ninguna duda: el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco siempre va a actuar en defensa de los derechos e intereses de los castellanos y leoneses, y del respeto al estado de derecho recogido en la Constitución, y utilizará todos los cauces legales a su disposición para seguir protegiéndolos”.