Castilla y León da la cara por los ganaderos y el regadío

Las Cortes de Castilla y León dan la cara por la ganadería en un momento delicado para el sector. Así, por un lado, se aprobaba la proposición de Ley para bonificar el 95 por ciento de las tasas del servicio veterinario durante dos años, hasta el 31 de diciembre de 2025, y la prórroga durante otros dos de la exención de las tasas por las licencias de caza y pesca.

La norma fue respaldada por todo el arco parlamentario,excepto por el procurador Francisco Igea (Cs), que se abstuvo, al entender que se trata de “un regalo clientelar” a los cazadores y pescadores.

Los socios de PP y Vox, a través de los procuradores Ángeles Prieto y José Antonio Palomo, enmarcaron la iniciativa en el respaldo permanente al mundo rural, mientras que la socialista Rosa Rubio, que votó a favor, dudó de que sea así y apuntó a “la demagogia” y a “pescar votos” entre agricultores y ganaderos.

La proposición de ley recoge la bonificación del 95 por ciento de la cuota tributaria de la tasa por prestación de servicios veterinarios hasta el 31 de diciembre de 2025, ya que en la ley de medidas tributarias de diciembre de 2022 la exención fue de tres meses, por lo que cumplió su vigencia en marzo.

Se incluye una disposición adicional por la que se prorroga a los ejercicios 2024 y 2025 la bonificación sobre la cuota de las tasas por las licencias de caza de la clase A y B y por la licencia de pesca prevista en la Disposición Adicional Primera de la Ley de rebajas tributarias en la Comunidad de Castilla y León.

Por otra parte, el parlamento regional aprobaba también la realización de un estudio previo por parte de la Comisión Europea sobre el impacto en el sector cárnico y en los consumidores de la revisión de la norma de bienestar animal.

La iniciativa, impulsada por Vox, salía adelante sin votos en contra pero con la abstención del PSOE, y en ella se insta a mantener una postura que evite crear situaciones que coloquen al sector ganadero español, y en concreto al de Castilla y León, en una situación de pérdida de competitividad frente a productores de países terceros mediante la imposición de nuevos costes derivados de la transición ecológica y las políticas de bienestar animal.

En su exposición de defensa de la iniciativa, José Antonio Palomo, de Vox, explicaba que el sector porcino genera 15.000 empleos en Castilla y León con un volumen de 1.309 millones, el avícola otros 1.309 y el cunícola unos 20 millones pero consideró que las medidas promovidas de la Unión Europea suponen una reducción del PIB de España y de la Comunidad. “Son productos básicos que se verían afectados”, indicó.

Palomo expresaba “la profunda preocupación” de Vox ante normas de bienestar animal porque supondrá unos costes adicionales y unas inversiones para las que no tendrán capacidad y subrayó que el impacto llegaría a la cadena cárnica, lo que repercutiría en el coste de los consumidores. “Detrás de cada granja hay familias”, incidía, mientras recordaba que ahora el pollo entero cuesta tres euros y con esas normas rondarían los diez euros. Por ello, apelaba a la necesidad de encontrar un equilibrio entre el bienestar de los animales y el sector cárnico.

En los antecedentes de la propuesta, se achaca la revisión a “la desorbitada influencia de los lobbies animalistas”, con la que se pretende aplicar medidas mucho más restrictivas en cuanto a las condiciones exigidas a las explotaciones ganaderas, lo que implicaría la reducción del número máximo de cabezas que se permite albergar por metro cuadrado de explotación.

Estas medidas afectarían principalmente a estos tres subsectores: el avícola, el cunícola y el porcino, que tienen un impacto cercano al 3 por ciento del PIB de Castilla y León. Su impacto supondría un sobrecoste productivo del 15 por ciento para las explotaciones ganaderas.

Por el Grupo Socialista, Juan Luis Cepa manifestaba que existe confluencia entre la propuesta de Vox y lo que defiende el Gobierno de España, aunque se mostró en contra de algunos datos de los antecedentes de la proposición no de ley. “En contra no vamos a votar”, avanzó, para coincidir en que la revisión de la normativa europea “se debe mirar y estudiar”.

La procuradora del PP Lorena de la Fuente, por su parte, calificaba de “fundamental” el concepto de bienestar animal, afirmó que en España se cumple por encima de la normativa vigente y subrayó que con la revisión una granja de pollos de 33.000 animales pasaría a 11.000 con un tercio menos de ingresos. “Una ruina absoluta”, remataba, en declaraciones recogidas por Ical.

“Sí la solución pasaría por importar productos, la pregunta sería si se va a permitir la entrada con menos calidad”, señalaba la parlamentaria que apoyó la realización de un estudio previo de costes. “Sí el campo no produce, la ciudad no come”, concluía.

Por último, Palomo se mostraba convencido de que los eurodiputados del PP harán valer la posición sobre la revisión de esta norma y agradeció al Grupo Socialista que no vote en contra. “Debería ponernos a todos de acuerdo, no es una propuesta partidista”, anotó el procurador, que recordó el aumento constante y alarmante de los productos básicos.

Vanessa García (UPL-Soria Ya) mostró el apoyo desde la defensa de un sector ganadero sostenible, se refirió a recomendaciones del CES sobre la puesta en marcha de medidas para garantizar la sostenibilidad ambiental.