¡Al Carrer!

Leo, con asombro, que la Generalidad de Cataluña ha recaudado el año pasado cerca de 400.000 euros en multas a quienes, por ejemplo, no han rotulado su comercio en catalán. O no han usado el catalán en sus facturas o publicidad. El Código de Consumo de Cataluña, con su ortodoxia de inquisición menor, lo entiende como una infracción por “vulnerar derechos lingüísticos” de los consumidores. Es decir, el idioma no se ofrece ni se sugiere: se impone.

Lo del derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de lengua, que no solo recoge la tan vapuleada y vilipendiada Constitución Española, sino que también recoge la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se utiliza como coartada cuando interesa a conveniencia propia. Diversidad, sí, pero la justa.

Lo más llamativo de todo esto es la ironía de los que imponen estas medidas. Son los mismos que se desgañitan clamando contra la opresión del Estado cuando conviene; los que se presentan como defensores de la pluralidad cuando les favorece; los que enarbolan la bandera de la democracia mientras sancionan a quienes no cumplen con su credo lingüístico. Libertad, siempre y cuando no choque con la identidad oficial.

Que un idioma necesite de medidas coercitivas para sobrevivir, es la prueba de su instrumentalización política. El latín murió sin que nadie lo prohibiera y el inglés se ha convertido en lingua franca sin que nadie lo impusiera con disposiciones pecuniarias. No se trata de proteger un idioma, sino de blindar un relato identitario.

Lo de conculcar derechos bajo la premisa de proteger “otros” derechos no es nuevo. Lo de pervertir el idioma y convertirlo en frontera, filtro o aduana, tampoco.

Al final, lo único que estas normativas consiguen es lo contrario de lo que pretenden: no fomentan el uso del catalán, sino el resentimiento hacia él. Porque nadie acoge lo que le imponen a la fuerza. Y nadie, salvo algunos desorientados de la Generalitat, cree que una lengua puede sostenerse a base de expedientes sancionadores.

Las palabras, como las personas, crecen en libertad, no en cautiverio. Y si un idioma necesita multas para ser hablado, quizás haya que preguntarse si el problema está en quienes lo rechazan o en quienes lo gestionan como si fuera un arma arrojadiza. Que cada uno hable como quiera.