Doble dosis de corrupción para abrir la temporada judicial en Andalucía

La corrupción será la protagonista indiscutible del principio de curso en los juzgados andaluces. La Audiencia Provincial de Sevilla, que desde hace años es el eje de los grandes casos relacionados con la mala praxis de los gobernantes de la comunidad durante la etapa socialista, cortará la cinta inaugural del ejercicio judicial el próximo lunes y ese mismo día retomará el caso ERE albergando en teoría una de las vistas del año: se juzga al chófer de Francisco Javier Guerrero, el ya fallecido exdirector general de Trabajo de la Junta, que supuestamente utilizó dinero público para sus cosas, entre ellas comprar cocaína. Y es en teoría porque el acusado estaba en paradero desconocido hace unas semanas. Pero no parará ahí el runrún de la herencia socialista, porque en la última semana del mes empieza uno de los mayores juicios del caso Invercaria, con más de una decena de acusados por la ayuda que recibió el proyecto FIVA.

Por orden cronológico, pero también de atractivo mediático, lo primero será el enjuiciamiento de Juan Francisco Trujillo, quizás la pieza ERE más llamativa tras la política. La Fiscalía Anticorrupción pide catorce años de cárcel para él por lo que hizo con cuatro ayudas que supusieron un montante total de 1.475.028,01 euros. Según la acusación, destinó una parte a la compra de cocaína, copas y antigüedades. Los delitos que se le atribuyen son falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación. La reclamación se completa con 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización idéntica a lo que supuestamente malversó.

Los fiscales solicitaban idéntica pena para Guerrero, que obviamente no estará presente al morir en octubre de 2020. La Sección Primera, la misma que condenó a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sí juzgará al administrador de una de las empresas del exchófer, Isidoro R.E., que se enfrenta a una petición de seis años y tres meses de prisión; y el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, ya condenado en otra pieza de la macrocausa, para quien la Fiscalía requiere seis años.

Según Anticorrupción, entre Trujillo y Guerrero crearon, «de común acuerdo y con ánimo de ilícito enriquecimiento», tres sociedades mercantiles que recibieron dinero procedente de la partida 31-L «para financiar falsos proyectos de inversión». Esas empresas eran Lógica Estratégica Empresarial, Iniciativas Turísticas Sierra Morena y Ave Nueva.

La Fiscalía añade que Trujillo, autorizado en las cuentas bancarias de las tres sociedades, dispuso de los 1,3 millones de euros transferidos por la agencia Idea «como si de una caja única se tratara» pero, en vez de destinar el dinero al fin para el que había sido concedido, «financió compras de inmuebles y fincas rústicas, bien para su uso bien con fines especulativos». Guerrero, por su parte, recibió «antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones en restaurantes y locales de copas y cocaína» que le era facilitada por su chófer. No se sabe cuánta, «pero constituyó un porcentaje importante de estos fondos».

En abril de 2007, al quedarse sin liquidez, hablaron con Albarracín para que preparara una póliza de seguros cuya titular sería la madre de Trujillo. Este «imitó» la firma de su progenitora, que recibió 120.028,01 euros y se lo reintegró a su hijo, quien utilizaba ese dinero «para seguir atendiendo gastos propios y las entregas en efectivo, invitaciones y compra de cocaína» para su jefe.

A partir del 26 de septiembre, hasta enero de 2023, será el turno del caso FIVA, relativo a los préstamos por un importe total de 710.000 euros que Invercaria, la sociedad de capital riesgo de la Junta, dio a la sociedad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA).

La Sección Cuarta juzgará a más de una decena de acusados, entre ellos dos expresidentes de Invercaria: Tomás Pérez-Sauquillo, cuatro veces condenado y dos absuelto, para quien Anticorrupción reclama 19 años de cárcel por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad en documento mercantil; y su sucesora, Laura Gómiz, para quien la petición es mucho menor, seis años y medio por contrato simulado, prevaricación y malversación. También serán enjuiciados un hermano de Pérez-Sauquillo, varios exdirectivos y exconsejeros de Invercaria y Jacinto Cañete, exdirector de Idea y condenado por prevaricación en la pieza política de los ERE.

FIVA aspiraba a ser un portal virtual para que empresas andaluzas vendieran sus productos por internet, sin necesidad de organizar ferias comerciales convencionales. Nunca llegó a funcionar, pero sus socios promotores sí se enriquecieron e Invercaria no obedeció «el marco normativo y procedimental aplicable», según Anticorrupción.