El máximo responsable de la Consejería de Empleo durante el grueso del «caso ERE» también deja la cárcel. La Audiencia de Sevilla ordenó ayer «mandamiento de libertad» para el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández amparándose en la decisión del del Tribunal Constitucional (TC) de estimar parcialmente su recurso de amparo y anular la condena a siete años, once meses y un día de prisión que le impuso dicha instancia por malversación en el «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas con cargo a los fondos autonómicos.

Fernández fue uno de los impulsores del procedimiento específico para abonar los ERE desde el inicio y fue jefe directo de Francisco Javier Guerrero, el director general de Trabajo y Seguridad Social que fue señalado dentro del propio PSOE como máximo responsable al dirigir el centro directivo donde se concedían las ayudas investigadas.

La Sección Primera de la Audiencia, según informó el TSJA, dispone que una vez que le ha sido comunicada «por correo ordinario» la decisión del TC, procede «mandamiento» de libertad con relación a Antonio Fernández, quien cumple condena en la prisión de Puerto III de El Puerto de Santa María; ordenando lo mismo respecto al exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel también por malversación en el «procedimiento específico de financiación» de los ERE e interno en el centro penitenciario de Sevilla I.

El abogado de Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, había criticado duramente la demora en la comunicación del TC a la Audiencia, después de que en casos anteriores la decisión del TC fuese «anticipada» directamente por dicho tribunal a la Audiencia para que actuase.

La tesis condenatoria, según resume el TC, considera que las actuaciones de Fernández, «unidas a las del resto de los condenados, condujeron a que se concedieran ayudas sociolaborales sin los requisitos previstos en la normativa, lo que dio lugar a que se percibieran rentas de pólizas por personas que nunca habían pertenecido al colectivo afectado; se concedieran ayudas a empresas en crisis sin convocatoria públicas ni registro en la base de datos de subvenciones, lo que permitió que se otorgaran para fines muy diversos, entre otros el pago de nóminas, minutas por asesoramientos jurídicos y avales; y se destinasen fondos del programa 31L a fines distintos y ajenos a los recogidos para este en los presupuestos».

Pero a la hora de profundizar en el asunto, el TC señala que «la doctrina de este tribunal establece que el contenido de los anteproyectos y proyectos de ley no puede ser objeto de control por ningún órgano judicial», exponiendo que las sentencias de la Audiencia y del Supremo sobre este caso, «al considerar que los anteproyectos de leyes de presupuestos en cuya tramitación participó Fernández establecían un sistema de presupuestación indebido o ilegal, causalmente determinante de la posterior malversación, han realizado un control jurídico del contenido de los actos de iniciativa legislativa del Gobierno que les estaba constitucionalmente vedado».

El «caso ERE» vivirá hoy otro momento importante porque está previsto que el Tribunal Constitucional estudie la ponencia que propone perdonar toda la malversación por la que se condenó al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán en el «procedimiento específico». La mayoría progresista avalará esta decisión.