En otras circunstancias socio-políticas Andalucía estaría ante una ocasión pintiparada. Una mayoría absoluta consolidada, un comunidad en crecimiento, con cifra récord de personas empleadas, con registros macroeconómicos favorables y, sobre todo, el deseo de ser la comunidad locomotora de una España unida y solidaria, atractiva para los inversores y que apuesta por un futuro sostenible desde un punto de vista social y medioambiental. Una oportunidad para dar un paso adelante y aplicar un tercer impulso o revisión a su autogobierno, precisamente cuando la amenaza centralizadora de la extrema derecha se hace patente. El Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado en 2007 cumple esta semana, el 19 de marzo, su mayoría de edad. Dieciocho años después, su desarrollo está en punto muerto aunque el debate territorial está más encendido que nunca en el país por el eterno conflicto catalán. Lastrado por la infrafinanciación de un modelo falto de actualización, Andalucía lucha por una suficiencia y garantía financiera para el mantenimiento de sus servicios públicos básicos –sanidad , educación y dependencia– y aparca la asunción de nuevas competencias que como nacionalidad histórica podría arrogarse.

Y ello, pese a los continuos guiños de Juanma Moreno, el presidente de la Junta, al andalucismo, enarbolando aquí el día de la bandera; elevando el tono en Madrid y confrontando para no ser considerada «una comunidad de segunda»; y aceptando en Bruselas el reto de presidir el Comité de las Regiones a partir de 2027 para dar voz a las entidades territoriales más reducidas en el contexto europeo.

Queda muy lejos ya aquel 2007 y mucho más aquel 30 de diciembre de 1981, cuando se aprobó por Ley Orgánica el derecho de los andaluces a constituirse en Comunidad Autónoma. Si profundo fue el cambio experimentado en esos 25 años hasta la primera actualización, no se puede decir que en las casi dos últimas décadas la evolución se haya ralentizado; más bien, al contrario. Los cambios sociales, tecnológicos y geopolíticos se suceden a mayor velocidad.

Hace dos años, el hoy amortizado líder de la oposición en el Parlamento andaluz, Juan Espadas, llegó a plantear la creación de un grupo de trabajo para evaluar el desarrollo del autogobierno andaluz y afrontar los retos que se planteaban ya entonces en la recién iniciada legislatura. «Andalucía debe liderar ese debate, como en 1981 y 2007. Es una propuesta constructiva, que encaja bastante con lo que Moreno va diciendo», llegó a asegurar el exlíder socialista, que envió por carta a Moreno la iniciativa.

El día siguiente de ser proclamada secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, planteaba que Andalucía aprovechara «la iniciativa de autogobierno que plantea Cataluña» para reclamar ejercerlo en igualdad de condiciones para asegurar así el cumplimiento del estatuto de autonomía andaluz. Una contradicción más, según los populares, que ven en la Ministra de Hacienda la responsable de que no se revise el modelo de financiación.

Desde el punto de vista de la Junta los mecanismos de cohesión territorial, de solidaridad y de cooperación institucional que se supone otorga el Estatuto se ven frenados por la infrafinanciación de 1.522 millones de euros anuales. El único amago en esta legislatura se produjo cuando Moreno aseguró que si el Gobierno otorgaba la misma financiación a Andalucía que la pactada con Cataluña para la gestión de Rodalíes, estaba dispuesto a solicitar la gestión ferroviaria para Andalucía. Recientemente, el PSOE se abrió a «debatir» sobre una Policía autonómica, pero no pasó de una declaración política para justificar la creación de 25.000 plazas de Mossos acordadas entre el gobierno y la Generalitat de Cataluña.

De ese discurso se ha pasado al de la quita de la deuda. «Que Moreno Bonilla y el PP en Andalucía renuncien a una quita de deuda de casi 19.000 millones de euros es algo absolutamente irresponsable, inexplicable y, además, contradictorio», dice el portavoz socialista Josele Aguilar.

«No nos van a callar» y «no vamos a caer en las trampas», repiten los responsables populares sobre la propuesta. «Vamos a seguir reclamando una financiación justa para Andalucía», asegura el secretario general del PP-A, Antonio Repullo. Un bucle sin salida.