El coladero de las "Golden Visas" en España

Los programas de ciudadanía y residencia por inversión, en inglés usualmente designados como «citizenship by investment» («golden passports»), y «residence by investment» («golden visas»), tienen como objetivo atraer inversión extranjera a cambio de conceder, en el primer caso, derechos de ciudadanía y de residencia para el segundo. Estos programas de inversión a cambio de estas contraprestaciones, gestionados de forma adecuada, pueden, en teoría, beneficiar tanto a los países anfitriones como a los solicitantes, ya que se vinculan a inversiones empresariales, inversiones de emprendedores, creación de puestos de trabajo, etc. Sin embargo, en la práctica, tal y como advierte Transparencia Internacional en el informe «Golden Visas: la adquisición de permisos de residencia por inversión en España. Principales riesgos, desafíos y recomendaciones», estos programas presentan graves riesgos inherentes a la cleptocracia y, particularmente, pueden ser una puerta al blanqueo de capitales, los agujeros de seguridad, fraude, evasión fiscal y corrupción, entre otros.

Pese a que España es, junto a Hungría, Letonia, Portugal y Reino Unido, uno de los países que más visados dorados ha otorgado, Transparencia Internacional denuncia la falta de información que ofrecen los departamentos encargados de conceder estos permisos: el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Según el informe de la organización, España presenta vulnerabilidades tanto en el diseño del programa, la regulación y la implementación, así como en el control, seguimiento y aplicación de las medidas correctivas correspondientes.

Durante los últimos diez años aproximadamente (desde la promulgación de la Ley 14/2013 hasta septiembre 2023) se han concedido un total de 6.200 visados a inversores de todas las nacionalidades, aunque principalmente a ciudadanos chinos, rusos e iraníes. Del total de permisos, un 96,18% fue concedido en virtud del supuesto de adquisición de bienes inmuebles, algo que, tal y como señala el informe, no fomenta ni la creación de empresas ni de puestos de trabajo. «No solo el impacto en la economía española de este programa es irrelevante, sino que está contribuyendo, por ejemplo, a que el precio de los inmuebles se haya disparado», señala David Martínez, director ejecutivo de Transparencia Internacional.

Ante esta falta de controles, la organización recomienda suprimir definitivamente el régimen de concesión de visados y autorizaciones de residencia para inversores, tal y como se ha hecho en otros países europeos, o bien reformar la regulación actual para abordar adecuadamente todas las vulnerabilidades y permitir sólo tipos activos de inversiones que verdaderamente generen empleo, reactiven de manera significativa la economía y no provoquen desigualdad.

También proponen compartir con las autoridades de la Unión Europea la información sobre las personas a las que se denegó su solicitud de visado dorado o autorizaciones de residencia por cuestiones de seguridad o exposición a riesgos. E instan a realizar inspecciones y controles posteriores a los permisos de residencia para inversores ya concedidos.