«El contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable». Con estas palabras concluye el informe «Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud», dado a conocer ayer por el Ministerio de Sanidad.

Lo que propone este plan es la incorporación gradual y estratificada al SNS de las personas mutualistas de Muface por letra de comienzo del primer apellido, edad y aseguradora prestadora de servicios en un plazo de 9 meses.

La excepción serían aquellos pacientes en situaciones críticas (como pacientes oncológicos y en fase final de vida) «que precisen continuidad y que deban ser de los últimos en ser traspasados al sistema sanitario público», para lo que plantea una renegociación temporal tras la prórroga.

El documento, elaborado tras quedar desierta este mes la licitación para la cobertura sanitaria a los funcionarios mutualistas los próximos 2 años por parte de las aseguradoras privadas, deja claro que «el modelo Muface en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cápita».

A juicio de Sanidad, los motivos por los que no lo es son dos: el hecho de que las aseguradoras privadas no aceptaran las condiciones del Gobierno (que les propuso un aumento de la prima del 17%, frente a su petición del 40%) y el envejecimiento de la población mutualista, que eleva los costes y dificulta ajustes futuros.

Por ello, Sanidad propone «aprovechar las fortalezas que tiene el SNS, como Primaria, para mejorar la atención».

En el informe, el Ministerio se compromete a elaborar «un plan de transición para asegurar la continuidad en la asistencia, evitando duplicidades y garantizando calidad en los servicios; durante los primeros 4 meses, se mantendría un compromiso de lista de espera quirúrgica cero».

Huelga en la función pública

Recordemos que nada de lo relativo a Muface es competencia de Sanidad, por lo que este informe no es otra cosa que una declaración de intenciones en caso de que no llegue a buen puerto la renegociación del nuevo convenio que anunció el Ministerio para la Trasformación Digital y de la Función Pública. Aun así, las críticas a la jugada de Mónica García no se han hecho esperar.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha pedido al ministro de Función Pública, Oscar López, «que rectifique al Ministerio de Mónica García y presente una nueva licitación para el concierto con las aseguradoras, tal y como se comprometió en la última reunión del Consejo General de Muface».

La organización anunció, además, que está «valorando con las estructuras el alcance de las movilizaciones que se llevarán a cabo en el caso de que el Gobierno no ofrezca una respuesta adecuada: manifestaciones, paros o incluso una huelga en la función pública».

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), por su parte, ha manifestado su «preocupación por la ideologización de dicho informe y por la grave situación que atraviesa el SNS», con los riesgos que eso conlleva para los pacientes si se produce el traslado de 1,5 millones de personas más.

Así, recordó que «las listas de espera han alcanzado cifras sin precedentes en los últimos años». De hecho, a junio de 2024, la quirúrgica se situaba en 121 días y la de primera consulta con especialista en 94 días. «Un escenario que refleja que el sistema se encuentra al borde del colapso y es incapaz de asumir la carga asistencial actual, y mucho menos una afluencia adicional de pacientes», señaló IDIS en un comunicado.

Todos los indicadores fallan

Además, especificó que «por mucho que se incrementen los recursos económicos, los indicadores asistenciales siguen empeorando, lo que evidencia que la solución no pasa únicamente por más financiación, sino por medidas estructurales que refuercen la capacidad del SNS».

Merece la pena recordar que las listas de espera no son el único indicador asistencial que ha ido a peor en los últimos años, tal y como reflejaba ayer un artículo de LA RAZÓN, sino que también lo ha hecho, por ejemplo, el tiempo que los pacientes tardan en acceder a los fármacos innovadores (661 días, según el último informe «WAIT») o el número de medicamentos incluidos en el SNS en comparación con los que financian otros países de nuestro entorno.

La Fundación también ha encontrado otros errores importantes en el informe de Sanidad, como cuando señala que «las aseguradoras están incurriendo en un fenómeno de selección de riesgos, dejando de lado a los pacientes con enfermedades graves».

A juicio de IDIS, «este punto es falso y constituye una ofensa a la actuación de dichas entidades, ya que el único que elige dónde ser atendido es el propio usuario mutualista», señalan.

Por último, destacan que el análisis «no expone la dificultad en términos absolutos de absorber en el SNS a los mutualistas por comunidad autónoma ni lo compara, por ejemplo, con el número de camas disponibles, para ver si sería realmente viable».