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Sanidad

Mónica García: un año de anuncios incumplidos

La ministra de Sanidad se ha prodigado en promesas vacías de contenido desde que llegó al cargo. Primaria, psicofármacos, guardias de 24 horas, prevención del suicidio, listas de espera...

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante el último pleno del Congreso de los Diputados. Gonzalo PérezLa Razón

Promesas incumplidas, anuncios imposibles, brindis al sol, errores de bulto... Mónica García cumple hoy un año al frente del Ministerio de Sanidad en medio de la polémica desatada por el encubrimiento en su partido de los escarceos sexuales de Íñigo Errejón, y de la tormenta desatada en torno al modelo Muface y el posible colapso de la sanidad pública. Al margen de avalar la muerte de este modelo sui generis de atención sanitaria a los funcionarios por medio de un informe que enlaza con los planteamientos que siempre mostró hacia él la izquierda radical, la anestesióloga de Más Madrid no pasará a la historia sanitaria por las iniciativas llevadas a la práctica durante sus primeros doce meses de mandato. A fecha de hoy, todas las promesas sanitarias que figuran en el pacto de legislatura entre PSOE y Sumar se encuentran en el limbo, pues ninguna de las leyes proyectadas ha llegado a ver la luz. Tampoco la mayoría de las promesas o iniciativas avanzadas por ella o por su lugarteniente Javier Padilla en este tiempo ha llegado a buen puerto.

Estos son algunos de los gazapos y anuncios propagandísticos sin traslación práctica más sonados del primer año de Mónica García en el Ministerio de Sanidad:

Mascarillas: escasas semanas después de llegar al cargo, y a la vuelta de unas largas vacaciones navideñas después de que España alcanzara un gran pico de gripe, la ministra anunció la obligatoriedad de su uso en centros sanitarios, farmacias y residencias. García tuvo que dar marcha atrás en las oficinas de farmacia y residencias, al carecer de soporte legal.

Autobajas: en aquellas fechas, la ministra tuvo también la ocurrencia de anunciarlas, pero no llegaron a ponerse en marcha ante el desacuerdo por parte del Ministerio de Seguridad Social, que era el competente en la materia.

Listas de espera: PSOE y Sumar acordaron al principio de la legislatura limitar los tiempos máximos que aguardan los pacientes. A pesar del récord de número de enfermos en espera de una cirugía en toda España y del que alcanza la demora media, que se han incrementado en 11 días durante su mandato, dicha ley sigue durmiendo el sueño de los justos. Los defensores de la ministra apelan a que las competencias están transferidas, pero nada dijeron cuando la ministra anunció la ley.

Guardias de 24 horas: García anunció que las suprimiría. No ha hecho nada al respecto desde aquellas declaraciones.

Empresa farmacéutica pública: su anuncio quedó en eso, en un mero anuncio.

Dispensación gratuita de preservativos en las oficinas de farmacia. En marzo, su Ministerio anunció que lo estaba estudiando. Ocho meses después, no se sabe nada de dicho estudio.

Agencia de Salud Pública. García lanzó al Consejo de Ministros el pasado mes de enero el proyecto de ley que heredó de su antecesor, José Manuel Miñones, y que había sido elaborado por Carolina Darias, tras anunciar la creación de este órgano Salvador Illa en los momentos más álgidos de la pandemia. Más de cuatro años después del estallido de la covid, y en plena emergencia internacional por la viruela del mono, el órgano sigue sin existir.

Observatorio contra el fraude y la corrupción sanitaria: poco después de anunciar su creación, el Ministerio de Sanidad remitió al juez de instrucción de la Audiencia Nacional un pendrive vacío cuando le requirieron los contratos de las compras realizadas en la etapa de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad.

Centros Integrales para la atención del cáncer. Después de dejar fuera a siete grandes hospitales madrileños, el responsable de la red en el Ministerio acabó reconociendo el error y que no escucharon a las autonomías

Psicofármacos: el Ministerio se echó encima a los profesionales de la Psiquiatría al denunciar posibles abusos en la prescripción y recomendar alternativas para los enfermos como apuntarse a un sindicato o a una asociación feminista.

Plan antitabaco: fue aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de abril sin comunicarlo de forma previa a las autonomías, y sin contar ni con la preceptiva memoria económica ni con la decisión final por parte del Consejo Interterritorial.

►Anuncio vacío de contenido de un Plan de Atención Primaria para el periodo 2025-27. El plan sigue sin estar vigente. Una de las sociedades científicas mayoritarias de este nivel asistencial, Semergen, ha criticado que no se ofrezcan soluciones a los problemas de la primaria y no se pongan medidas efectivas con carácter inmediato.

Carta instando a contratar a los MIR... en Ceuta y Melilla. Iba dirigida a las autoridades locales con el fin de que contrataran a médicos que finalizaban su formación y así fidelizarlos. Lo llamativo es que la gestión sanitaria en las dos ciudades autónomas depende del propio Ministerio de Sanidad, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

►Aprobación de fármacos contra el cáncer metastásico después de denegar su aprobación desde diciembre de 2023. Se llegó a rechazar su aprobación hasta en cuatro ocasiones. Para más inri, Sanidad culpó de ello a las autonomías a pesar de que estas solo tienen tres votos (además, rotatorios), de los 12 que hay en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos.

Apropiarse de la aprobación de la Ley ELA: el Gobierno estuvo tres años retrasando su tramitación, con hasta 48 aplazamientos en esa tramitación parlamentaria.

Acusaciones falsas de alteración de estadísticas: ocurrió con Madrid, tras registrar este territorio los mejores datos de todo el país en listas de espera, pese a que cumple de forma escupulosa con el real decreto que regula las listas de espera y este es de obligado cumplimiento para todos.

Anuncio de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio: como ha ocurrido con tantas otras iniciativas de momento se ha quedado en eso, en anuncio.

►La ocurrencia de la homologación de títulos con carácter preferente para los profesionales procedentes de Guinea Ecuatorial, cuando hay más de 20.000 homologaciones pendientes de resolver de profesionales latinoamericanos, algunas de ellas desde hace más de cinco años. A ello hay que añadir la situación de los facultativos cubanos, que, a pesar de tener la homologación, se les deniega el certificado de habilitación para poder ejercer en España desde el régimen castrista. El Gobierno no ha hecho nada para resolverlo.

Modelo Muface: en diciembre de 2023 Mónica García dijo que Sanidad no preveía desmantelar Muface porque tenía «otras prioridades». Once meses después, el Ministerio aconseja desmantelarlo mientras el Gobierno presiona para subir los impuestos a los seguros privados. El fin del régimen del mutualismo administrativo implicaría que alrededor de 1,5 millones de pacientes y beneficiarios pasarían a recibir atención sanitaria en una red pública que ya se encuentra colapsada, con récord de listas de espera.

Anestesia verde: otra de las ocrrencias de la ministra ha sido la creación de un grupo de trabajo sobre este tipo de anestesia, con el objetivo de reducir las emisiones de gases anestésicos, mientras la falta de profesionales, la verdadera prioridad, sigue sin resolverse.