La Fiscalía investigará a una agencia de Ucrania de vientres de alquiler

En Ucrania está abierta una investigación a esa misma empresa, pero, a diferencia de la legislación en España, en ese país la gestación subrogada es una actividad legal.

Pocas horas después de que el Ministerio de Justicia instase a la Fiscalía General del Estado a investigar a agencias de «vientres de alquiler» que operan en España, la titular de ese Departamento, María José Segarra remitió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional un oficio para que abra una investigación respecto a una de esas agencias. En concreto, se refiere a una empresa que ofrece «servicios de gestación subrogada» en Ucrania, pero que tiene una sede en España, y que, además, ofrece esos «servicios» a través de una página web.

De acuerdo con la documentación que remitió Justicia a la Fiscalía, en Ucrania está abierta una investigación a esa misma empresa, pero, a diferencia de la legislación en España, en ese país la gestación subrogada es una actividad legal, mientras que en nuestra país está totalmente prohibida.

En la investigación abierta por las autoridades ucranianas se trata de esclarecer si la empresa en cuestión ha podido incurrir en los delitos de tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión fiscal.

Una vez que las autoridades españolas han tenido conocimiento del contenido de esa investigación, ha sido cuando se ha detectado que esa sociedad tenía una sede en España, aunque por el momento los indicios delictivos existentes contra esta filial, por hechos ocurridos en España, «están aún en fase embrionaria». Por este motivo, precisamente, es por lo que la Audiencia Nacional sería competente para asumir esa investigación, aunque los hechos principales hayan tenido lugar fuera de España. La investigación, en todo caso, se centrará en las actividades de la sociedad y en ningún caso afectará a los padres de los niños engendrados por gestación subrogada en Ucrania.

El Gobierno decidió remitir esa documentación a la Fiscalía al considerar que algunas de esas agencias que ofrecen «vientres de alquiler» podían estar cometiendo distintos delitos. como tráfico de menores, de organización criminal, de blanqueo o falsedad. De hecho, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, lamentó el lunes que haya agencias que estén «negociando con el vientre de las mujeres» y «traficando con menores».

El Ejecutivo recordó que gestación por vientres de alquileres una práctica prohibida por la legislación española y que las agencias que ofrecen estos «servicios» en nuestro país «se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países».

Ante la decisión de que se investiguen a estas agencias, asociaciones de familias que han recurrido y defienden la gestación subrogada han lamentado la «demonización» que generan actuaciones como la del Ministerio de Justicia, la vez que han expresado su temor por la «estigmatización social» de sus hijos.
La abogada Ana Miramontes, letrada de varias parejas que han recurrido a esta técnica de reproducción asistida prohibida en España, señaló a Ep que con estas decisiones lo que se esta consiguiendo es que las familias sientan que se les está «tratando de demonizar» por el medio que han elegido para ser padres y que los «verdaderos damnificados y perjudicados directos son los niños».