Ansiolíticos, antidepresivos, somníferos… casi la mitad de los funcionarios consume psicofármacos a diario

El 45% de los empleados públicos que hay en España (2,7 millones de personas) consumen prácticamente a diario psicofármacos, sobre todo ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, según la ‘Encuesta sobre la salud mental en el ámbito laboral’ de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentada este lunes en Madrid con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

El perfil mayoritario de este consumidor de psicofármacos es el de una mujer de entre 45 y 54 años, trabajadora de la sanidad pública o de un centro educativo que consume ansiolíticos a diario, por soportar un exceso de carga de trabajo o por pensar que carece del debido reconocimiento profesional.

La secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales del CSIF, Encarnación Abascal, ha destacado en rueda de prensa que “los efectos de la pandemia y la crisis económica han provocado daños en la salud mental de la ciudadanía, con especial incidencia en los colectivos profesionales que tuvieron más exposición al virus”.

Según la encuesta, realizada sobre una muestra de 2.028 empleados públicos de entre 25 y 64 años, el consumo de estos fármacos es casi generalizado en todos los ámbitos de la administración, aunque “con especial incidencia en el ámbito de la sanidad y la educación”.

Los psicofármacos más consumidos son los ansiolíticos (66% de los que reconocen su uso), antidepresivos (43,6%) y somníferos (32,1%).Un 51% de los entrevistados confiesa que consume estos medicamentos a diario, un 13% varias veces en semana, un 21% alguna vez al mes, y un 15% en el último año.

El 76% de los encuestados manifiesta que el trabajo influye a la hora de consumir estas sustancias psicoactivas. Un 54,2% lo relaciona por un exceso de carga de trabajo, mientras que un 44,6% por el escaso reconocimiento profesional. Para un 37,7% el consumo está afectad por el mal clima laboral (conflictos, situaciones de acoso). Asimismo, un 21,22% relaciona el uso de estos fármacos con la inseguridad laboral (temporalidad, interinidad, etc), un 20,6% con los problemas con los usuarios a los que presta servicio y un 12,6% con los problemas económicos.

Además, otro dato significativo, es que más de la mitad (55%) de los encuestados reconoce que no consumían esta medicación antes de la pandemia y un el 93% se queja de la ausencia en sus centros de trabajo de iniciativas sobre protección de la salud mental.

Por ello, el sindicato ha denunciado el elevado número de bajas laborales por problemas de salud mental y su infradeclaración como contingencia profesional, ya que difícilmente puede justificarse la relación causal entre daño psicológico y actividad laboral. Abascal recuerda que el estrés y la depresión son solo se reconocen como accidente de trabajo si la única causa es el trabajo, algo que entiende es muy difícil de justificar ante los tribunales.

Por su parte, el presidente del sector nacional de sanidad del CSIF, Fernando Hontangas, ha informado de que la inversión en salud mental en España supone tan solo el 5% del gasto sanitario total (según datos de la Sociedad Española de Psiquiatría), frente a la media del 7,5% de los países de nuestro entorno”. Respecto al número de profesionales, Hontangas ha dicho que la ratio en España es de 25 psiquiatras por cada 100.000 habitantes cuando países como Suecia o Finlandia disponen de 150 y 200 profesionales por ese mismo grupo de población.

Con esta situación CSIF ha exigido al Gobierno una legislación específica de riesgos psicosociales con una directiva europea que España desarrolle con un real decreto. Además, señala que pese a que la OMS ha reconocido el ‘burnout’ o síndrome del trabajador quemado como enfermedad relacionadas con el trabajo, en España aún no se ha incorporado al cuadro de patologías profesionales.