La ayuda a la dependencia no llega a nuestros mayores

La población de nuestro país empieza a ser consciente del gran problema que se avecina de aquí a unos años y cuyo resultado puede ser el colapso de nuestro sistema económico. La causa no es otra que el envejecimiento de la población. Las generaciones del conocido como «Baby Boom» están llegando a la edad de 65 años o más, y muchos de ellos demandan cuidados o ayudas. La problemática viene cuando el sistema para promover esas ayudas está obsoleto, y no se ha renovado para las altas exigencias que demandan estos nuevos tiempos a los que nos enfrentamos. En el Día Internacional de las Personas de Edad, el sector recuerda que esa transformación debe darse urgentemente para la generación actual y las venideras, que presentarán necesidades y expectativas que poco tienen que ver con las que había hasta ahora.

¿Qué dice la ley?

El reconocimiento de los derechos de los mayores es unánime. A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas designó el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad. En 1991, la Organización adoptó los principios para las personas mayores. Y en 2002, la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento aprobó el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, para dar una respuesta a las oportunidades y desafíos de la población de edad avanzada en el siglo XXI. En paralelo, la ONU recoge una lista de derechos de las personas de edad reconocidos a nivel internacional, entre los que se encuentran el derecho a disponer de elementos básicos, a residir en el propio domicilio y el de acceso a servicios sanitarios, sociales y jurídicos; entre otros.

A nivel europeo, la Unión Europea especifica en el artículo 25 de su Constitución que la «UE reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente, y a participar en la vida social».

Y, por último, en nuestro país, ¿existen los derechos para las personas de edad avanzada? La Constitución recoge varios puntos, pero solo hay uno que alude directamente al mayor. Ese es el artículo 50, que dice que «los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio». Por ende, el Estado y las administraciones deben hacerse cargo de proporcionar ese bienestar.

En cuanto a la Dependencia, en 2006 fue cuando se aprobó en el Congreso la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Dicha ley, en su primer punto, define un reto que «no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía». En un esfuerzo por adaptarse a esos nuevos tiempos, en 2021 hubo una ligera aproximación a dicho problema por parte del Gobierno a través del Plan de Choque acordado en la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia. De dicho plan, sin embargo, tan solo se han llevado a cabo algunos de los puntos que formaban parte del acuerdo de forma difusa.

El reto fue designado por el Gobierno y las principales organizaciones empresariales y sindicales, y marcan objetivos muy claros. El primero de ellos es el de materializar un aumento de la financiación al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) de 600 millones de euros para el año 2021, incluyendo un aumento de las cuantías del nivel mínimo de un 17,4% y la recuperación del nivel acordado.

El segundo punto es el de reducir considerablemente la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes. El tercero, asegurar las condiciones laborales de las personas que trabajan en el SAAD. Y, por último, introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada de las personas dependientes, preferiblemente mediante servicios profesionales de calidad.

¿Qué dicen los datos?

La población española está experimentando un preocupante envejecimiento paulatino. Desde 1980, justo después de la generación del «Baby Boom», la pirámide poblacional ha dado un vuelco en lo que se refiere a las franjas de edad de 0 a 14 años, y de 65 o más años.

En diciembre de 1980, el 25,73% de la población se encontraba en el rango de edad de los 0 a 14 años, y el 11,24% de los 65 en adelante. En 2021, esa cifra era prácticamente al revés, ya que el 13,97% correspondía a los jóvenes, mientras que el 20,09% a los mayores. En dato numérico, esto quiere decir que, de 47 millones de españoles, un quinto de la población tenía más de 65 años, o traducido a números, 9.310.828. Esta progresión indica un aumento del número de personas que posiblemente necesiten una ayuda a la dependencia, lo que hará crecer las listas de espera.

Evolución de las listas

Pero, para analizar este punto se cotejarán tres años y un mismo mes, en este caso agosto, para ver la evolución de estas listas. El primero será el 2008, dos años después de aprobarse la Ley de Dependencia; el segundo el 2021, año de la aprobación del Plan de Choque acordado en la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia; y el último, este pasado mes de agosto de 2022. Los datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 son proporcionados por las estadísticas del SAAD y del Imserso. Pues bien, en dicho primer año, fueron 536.342 las personas que solicitaron la prestación. Del 100%, los rangos de edad con mayor número de solicitudes fueron los de 66 a 80 con un 27,77% y de 81 en adelante con un 47,78%.

En 2021, la cifra aumenta hasta las 1.875.760 solicitudes, de las cuales, y de nuevo, los rangos con más demandas son los de 65 a 80 años con un 21,13% y 80 en adelante con un 52,93%.

Por último, este pasado agosto, el número continúa aumentando, acercándose a los dos millones de solicitudes; concretamente, 1.949.393. Por tramos de edad, según los datos, no hay un cambio significante con respecto al año pasado, ya que el tramo de 65 a 80 años concentra el 21,73% de las solicitudes, y el de 80 o más, baja al 52,26%.

Pero la problemática no acaba en este aumento constante de las personas solicitantes de demanda asistencial, sino en la cantidad de gente que se queda sin ella, y que desgraciadamente, en muchas ocasiones, fallece por no recibir los cuidados necesarios. En 2020, año en el que fuimos sacudidos por la pandemia de la COVID-19, hubo un total de 248.751 personas fallecidas con solicitud de dependencia. Pues bien, en ese momento se aumentó de manera extraordinaria el presupuesto con tan solo un euro.

¿Qué debe cambiar?

De cara al futuro, se prevé que el número de solicitantes continúe incrementándose de una forma incesante. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2020 la tasa de dependencia en España se situaba en el 54,40%; dentro de una década esta llegará al 60% y de aquí al 2050 se situará en el 83,7%. Y a todo esto se añade la cuestión de que cada vez vivimos más, y España es uno de los países más longevos del planeta, con una esperanza de vida de 83 años, según datos del INE.

Esta evolución, si no se toman medidas, promete aumentar las ya saturadas listas de espera. En primer lugar, impulsadas por una demanda y concienciación social cada vez mayor respecto a este problema, son las administraciones las que deben empezar a cambiar las cosas: destinar más recursos y garantizar su eficiencia para que las personas mayores, y más especialmente las dependientes, obtengan servicios personalizados con relación al grado de dependencia que necesiten.

El Gobierno central debe hacer un esfuerzo para conocer en profundidad el problema, legislar en consecuencia. Eso incluye un replanteamiento de la Ley de Desindexación. Esta ley eliminó la posibilidad de actualizar los precios de los contratos públicos por lo que, a pesar de la situación socioeconómica actual, los contratos no se pueden modificar. Por lo tanto urge una atención al sistema de dependencia y todo lo relativo a ello, porque lo importante son nuestros mayores y sus necesidades.

El problema de las residencias salta a la calle

►El pasado 17 de septiembre, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familias y Usuarias de Residencias convocó en Madrid una manifestación bajo el lema «Otro modelo de residencias es posible». Lo que exigen de las administraciones públicas es un cambio para ofrecer un modelo más humano y que respete los derechos fundamentales de los mayores, que al final son personas vulnerables a las que el sistema no les protege lo suficiente. También piden más recursos para garantizar un trato digno a los ancianos. Esto incluye un nuevo modelo de funcionamiento en las residencias y de los demás servicios de Dependencia. En total acudieron unas 4.000 personas procedentes de toda España, que insistieron en que reiteradamente se están vulnerando los derechos humanos y fundamentales en las residencias, además de los derechos de sus trabajadores. Las plataformas demandan un aumento del personal y un refuerzo del número de inspectores para velar por la calidad de vida de los usuarios, y evitar los dramáticos casos que desvelan habitualmente los medios de comunicación.