Muface se ha convertido en una patata caliente para la ministra Mónica García. Aunque orgánicamente la mutualidad depende de Función Pública y, por tanto, no cabe reproche alguno a la actuación de su Ministerio, lo cierto es que el devenir de este modelo sui generis de atención sanitaria a los funcionarios puede marcar mucho el futuro de la Sanidad Pública que tanto dice defender la titular de Sanidad.

En esta crisis, García se ha puesto claramente de perfil. Ideológicamente, la ultraizquierda a la que pertenece critica desde tiempos inmemoriales un régimen anacrónico que, a su juicio, privilegia a la casta de empleados públicos y favorece la parasitación de la privada. Un régimen a extinguir. Desde esta perspectiva, García estaría a favor de la muerte por inanición del modelo, pero se ha cuidado muy mucho de apoyar esta postura que defienden sus compañeras de partido porque sabe, como ministra de Sanidad, que el fin del mutualismo sanitario colapsaría el sistema público hasta hacerlo implosionar.

En un momento en el que el número de enfermos en lista de espera y el tiempo medio de demora para acceder al especialista u operarse se encuentran en niveles récord, sobrecargar lo público con 1,6 millones de potenciales pacientes adicionales supondría su fin. Desde este punto de vista, el acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras que prestan servicio a los funcionarios a través de hospitales privados supondría un soplo de aire fresco para ese modelo público que tanto afirma querer blindar la anestesista reconvertida a política. Es posible incluso que el Gobierno al que pertenece haya presionado estos días a las aseguradoras para que mantengan la atención privada de los funcionarios. García, mientras, calla, para no tener que mojarse.