La consigna de Sanidad: “Comprar material barato”

La experiencia de China en enero y la de Italia en febrero por culpa del envite del coronavirus no fueron suficientes para que España tomara nota, a tiempo, de lo que estaba por venir. Y de aquellos polvos, vienen estos lodos, pues el Gobierno reconoce ya que hasta el 10 de marzo no comenzó a distribuir material sanitario a las comunidades autónomas, pasadas ya las marchas feministas del 8-M. Y lo que ha logrado repartir el Ejecutivo hasta ahora resulta insignificante. De hecho, las 4.550.904 unidades de mascarillas que aseguró ayer haber entregado a la Comunidad de Madrid entre el 10 de marzo y el 1 de abril «apenas sirven para abastecer durante tres días a todos los servicios sanitarios de la región», confirma Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, (CESM).

Y el material que llega es de los más baratos que hay en el mercado, ya que, según confirman a LA RAZÓN fuentes de la Consejería de Sanidad de Madrid, «de las 400.000 mascarillas que tenemos registradas, solo 37.000 son FFP2 y FFP3, las recomendadas para los profesionales, una cifra que equivale a las que necesitamos a diario de esos dos tipos para cubrir las demandas de los hospitales».

Y algo similar ocurre con el resto del material. Sanidad confirmó ayer que ha distribuido entre las comunidades autónomas cerca de 34 millones de unidades, entre las que se incluyen mascarillas, guantes, batas, buzos, calzas, gafas, gorros y delantales. A pesar de lo abultado de la cifra, «a Madrid sólo nos han suministrado 1,7 millones de unidades de todo tipo de material, cuando nuestros centros sanitarios consumen en un único día más que eso: 2,1 millones». Así, «esas cifras resultan muy insuficientes, aunque ese matiz no lo cuentan desde el Ministerio», insiste Toranzo, quien afirma, con indignación, que «se ha realizado una gestión totalmente desastrosa, pues la falta de previsión ha sido total, desoyendo todas las recomendaciones internacionales y de profesionales».

Illa desoyó a la OMS y a Europa

A tenor de las fechas, lo cierto es que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, actuó un mes y medio después de los primeros avisos que realizó la Organización Mundial de la Salud, el pasado3 de febrero, en un informe en el que recomendaba hacer acopio de material sanitario básico con el fin de prepararse para la gran avalancha de infectados que estaba por venir. Pero no sólo eso, ya que en la reunión que se celebró en Europa el 13 de febrero entre los ministros de Sanidad de los 27, Illa también hizo caso omiso a las conclusiones que de allí se extrajeron, como la de «vigilar el riesgo de desabastecimiento de medicamentos y de equipos importados desde China».

De hecho, ese día Illa aseguró que «España tiene suficiente suministro de equipos personales de emergencia en este momento y se está trabajando para seguir asegurando existencias en caso de una ampliación del brote». Pero la cruda realidad ha demostrado que no era así. «Se ha trivializado la situación y no se ha escuchado a los profesionales. Hemos avisado por activa y por pasiva desde finales de febrero», lamenta Toranzo. Algo que también recuerdan desde el Consejo General de Enfermería, que ya el 2 de marzo avisó al Ministerio de la gravedad de la situación. Pero no fue hasta el día 17 cuando se notificó, por primera vez, la llegada de un avión de carga procedente de Shanghai con 500.000 mascarillas donadas por el gigante asiático.

Descontrol en la compra

El descontrol en la adquisición de todo tipo de equipos de protección, materiales, respiradores y hasta medicamentos ha sido una tónica desde que la OMS avisara a los países de la necesidad de hacer acopio. Desde ese momento, y hasta la declaración del Estado de Alarma, todas las administraciones sanitarias podrían comprar. El Ministerio le encomendó dicha labor al Ingesa, un organismo que hasta entonces gestionaba la Sanidad en Ceuta y Melilla. Tras el Estado de Alarma, el Ejecutivo centralizó totalmente las compras en ese organismo y prohibió a las regiones adquirir por su cuenta los materiales, pero la incapacidad del organismo adscrito al departamento de Illa para hacer las compras y las quejas de los gobiernos autonómicos ante la necesidad acuciante que tenían sus hospitales de contar con equipos para hacer frente a la avalancha de infectados llevaron al Ministerio a levantar tácitamente el veto a los pocos días y desde entonces todas las consejerías se han lanzado a la compra en una carrera que no parece tener fin.

Fuentes próximas al Ministerio explicaron a LA RAZÓN que el grave problema de Ingesa es que «es un organismo nada habituado a efectuar compras ingentes de material y estrictamente celoso de las prácticas administrativas», lo que le ha llevado a ignorar algunas de los usos más comunes del comercio internacional, como son, por ejemplo, los anticipos del pago antes de efectuar las compras. «En una situación como ésta, con cientos de países lanzándose también a adquirir los mismos productos, no puedes encomendarte a un concurso reglado ni a procedimientos similares porque los proveedores en China o India no actúan así».

De hecho, la falta de operatividad de Ingesa llevó a Hacienda a intervenir para tratar de solventar la situación. Según las mismas fuentes, en Sanidad ha regido la política de que «todo tiene que ser barato», lo que ha llevado a sus altos cargos a ser extremadamente celosos antes de adquirir productos que sí estaban en el mercado, pero eran muy caros. «El grave problema del Ministerio de Sanidad es que se ha lanzado a las compras masivas sin tener una estructura montada para ello ni capacidad logística. En China se trabaja las 24 horas del día para cerrar operaciones. ¿Trabajaba también la Administración las 24 horas al principio de la crisis para estar conectada con posibles proveedores?», se preguntan las mismas fuentes.