En las filas socialistas cunde el pánico mientras la cúpula directiva se muestra convencida de que el escándalo de Tito Berni y sus compañeros de correrías no les pasará factura. Con un optimismo encomiable aseguran que ganarán las elecciones y seguirán en el Gobierno. Como es habitual en estas circunstancias, media docena de diputados socialistas han decidido iniciar acciones legales por informaciones que les vinculan con la trama corrupta. Hace unos años, el típico empresario hortera y nuevo rico se sintió molesto por una información y me dijo «tendrá noticias de mi equipo de abogados». En ese momento, te imaginas la serie «Suits» y un montón de letrados con trajes hechos a medida y zapatos ingleses, pagados por aquel mentecato, reunidos a un lado de la mesa de la sala de juntas. La amenaza de una querella es siempre un recurso fácil, aunque luego resulta que no hay fundamento y acaba archivada. Al menos tiene un efecto placebo. Las que cuentan son las que se presentan y no se dicen. Me alegro por los abogados, porque podrán facturar defendiendo a los integrantes de la trama y a todos los que se sientan agraviados en su honor.

En general, soy bastante escéptico en estas cuestiones. En primer lugar, nunca en la Historia de la Humanidad, en las galaxias conocidas y desconocidas, un corrupto o un corruptor se declara culpable nada más comenzar la investigación. Me resulta siempre sorprendente que salgan sus parejas, familiares y amigos a defender su honorabilidad, aunque aparezcan en gayumbos y con chicas jóvenes. A estas alturas me gustará ver qué hace el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, porque tiene una oportunidad impagable para demostrar que no tiene fundamento la broma malévola de sus compañeros de carrera al llamarlo Álvaro Delgado Garzón. Las oposiciones son algo muy serio en España y tengo una enorme admiración por los fiscales. Me gustaría incluirle dentro de este grupo. En un lado están los juristas, al margen de sus ideologías, y en el otro los leguleyos que acuden solícitos al servicio de los políticos. Hay muchos «ex» que perdieron su prestigio por olvidar su promesa o juramento como funcionarios, que es más importante que el que puedan prestar al acceder a un cargo.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)