Cómo equilibrar a los tecnócratas

Una visión simplista (en realidad, ingenua) de los mercados es que dichos mercados existen casi en un «estado natural», y que el mejor de los mundos es uno en el que dichos mercados estén libres para operar sin interferencia del Gobierno. Una visión igualmente simplista de la democracia es que es un sistema político en el que se celebran contiendas electorales periódicas que dan al ganador el derecho a gobernar sin restricción.

Por supuesto que la realidad es mucho más compleja. Los mercados sólo pueden funcionar dentro de un marco institucional y legal que incluye leyes y normas sobre derechos de propiedad, cumplimiento de contratos, controles de calidad e información, y muchas otras normas que regulan las transacciones.

Del mismo modo, mientras que las contiendas electorales son esenciales para cualquier sistema democrático, una actitud hacia los resultados electorales en la que el «ganador se lleva todo» y concentra el poder es incompatible con la democracia en el largo plazo. Las democracias que funcionan bien están insertas en complejas leyes constitucionales y en otras leyes que separan los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, y que protegen las libertades de expresión, reunión y de disidencia pacífica por parte de quienes pierden las elecciones.

Las instituciones regulatorias –como por ejemplo las agencias que supervisan el sistema bancario y los organismos que vigilan los sectores de telecomunicaciones, alimentos y energía– desempeñan un papel vital en cuanto a mantener el siempre difícil equilibrio entre los mercados «libres» y las acciones de los gobiernos y cámaras legislativas que se eligen mediante voto. El banco central es tal vez la más importante de estas instituciones, ya que dirige la política monetaria (y a veces actúa como el regulador del sector financiero).

La política y los errores regulatorios que contribuyeron a la crisis de las hipotecas subprime –y, por lo tanto, al casi colapso del sistema financiero de EE UU y a las tribulaciones de la eurozona– han llevado una vez más a la palestra el tema de la regulación económica óptima y su relación con la democracia. En EE UU, ¡un porcentaje significativo del Partido Republicano favorece no sólo abolir el Departamento de Energía y la Agencia de Protección del Medio Ambiente, sino también la Reserva Federal! En su opinión, los mercados y la iniciativa privada no requieren regulación significativa. El papel de la política es elegir a las mayorías que pueden abolir las regulaciones y los organismos reguladores.

De manera similar, otros a través del mundo se oponen a las instituciones reguladoras, pero por razones muy distintas. Ellos argumentan que los políticos pueden regular y supervisar sin organismos intermediarios que tienen un cierto grado de autonomía. Según lo que creen estas personas, estos organismos impiden y limitan la realización de la voluntad del pueblo.

Si un gobierno electo quiere que un banco ofrezca crédito barato a un grupo de empresas para que puedan contratar a más personas, ¿por qué un supervisor podría obstruir la voluntad democrática? Si a estas empresas se les indica que contratar a simpatizantes del partido de gobierno como condición implícita para obtener créditos subvencionados, esta forma de actuar es también la expresión de la voluntad popular legitimada electoralmente.

En el otro extremo del espectro están los tecnócratas extremadamente defensores de los organismos reguladores, ellos creen que los políticos y los electores están irremediablemente confundidos, no educados y a menudo corruptos. La gestión de la economía debe ser confiada a expertos competentes e independientes, a un grupo de «guardianes platónicos» facultados para actuar en el interés superior del Estado, independientemente de los resultados electorales y de la opinión pública.

El Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo a menudo son vistos como tales instituciones tecnocráticas –y como soporte del elemento tecnocrático dentro de los estados y las sociedades de todo el mundo–. En el apogeo de la crisis de la eurozona, el FMI, la CE y el BCE (por no hablar de los mercados financieros) dieron una cálida bienvenida a los economistas Mario Monti y Lucas Papademos como bien ponderados primeros ministros «tecnócratas» en Italia y Grecia, respectivamente.

La experiencia de las últimas décadas ha demostrado que es necesario un enfoque equilibrado y «moderado» con relación a estos asuntos. Los ciclos electorales (y las presiones políticas que los acompañan) son tales que la política monetaria, la banca y muchas otras áreas de la actividad política y económica deben ser supervisadas por personas que son profesionalmente competentes y trabajan dentro de un horizonte temporal que es mucho más largo que el de los políticos.

Las políticas en el día a día no pueden dominar las regulaciones que los mercados necesitan. La única y más importante reforma institucional que subyace a la estabilidad de precios en todo el mundo ha sido la mayor independencia de los bancos centrales.

Sin embargo, si se permite que los tecnócratas independientes determinen la política a largo plazo y establezcan los objetivos que no pueden ser influenciados por las mayorías democráticas, la democracia en sí misma está en peligro serio. Me parece antidemocrático, por ejemplo, que el BCE pueda establecer la meta de inflación de la eurozona de manera unilateral. Cuánta inflación una sociedad considera deseable o tolerable (teniendo en cuenta otras variables importantes, como el empleo, el crecimiento del PIB o la pobreza) es un asunto intrínsecamente político que debe ser debatido en el Parlamento. El banco central debe ser consultado, pero su papel debe ser implementar el objetivo sin interferencias políticas: es decir, el banco central debe tener independencia en materia de instrumentos de política, no en cuanto a las metas.

La globalización y la creciente complejidad de los mercados financieros y de otros mercados hacen que sea imperativo que se aclaren las esferas de la actividad privada, la toma de decisiones políticas y la regulación. El reto es aún mayor debido a que algunos organismos reguladores deben ser multilaterales, o por lo menos intergubernamentales, debido a la naturaleza global de gran parte de la actividad económica. La diferencia y la distancia entre los mercados y las políticas deben ser claras y, en aras de la eficacia y la legitimidad, dicha diferencia y distancia se deben basar en reglas que se entiendan bien y que gocen del consentimiento popular.