Anteayer fue el «supermartes», no porque Francina Armengol compareciera en el Congreso –y no como su presidenta, sino como ex presidenta, pero del gobierno autonómico de Les Illes Balears–, para anunciar que ella es una «víctima» del caso de las mascarillas fake y no la responsable de lo sucedido, aunque todavía no ha dicho quién la engañó. Tras ese martes, ayer vino otro super miércoles también muy singular y por dos noticias de alcance, en este caso procedentes de las filas del sanchismo gubernamental. Una de ellas viene del socio Sumar que tras su éxito en Galicia necesita una ventana de Overton para tener cuota de pantalla y la cree haber encontrado en emular a Macron que ha conseguido que en Francia el aborto haya sido reconocido en la Constitución de la V República como un derecho fundamental. La portavoz adjunta del grupo parlamentario en el Congreso ha pedido abrir un proceso de reforma constitucional para hacer lo mismo aquí. Ya es significativo que la izquierda comunista considere digno de ser imitado que matar a un ser humano ya concebido en el seno de su madre sea un derecho fundamental.

Así, sin solución de continuidad pasar de ser una conducta tipificada como un delito en el CP a ser un derecho, y además fundamental, en un ejemplo paradigmático de la sima ética y moral en la que se encuentra gran parte de la civilización occidental. En este caso, y ante la evidente imposibilidad de que –por ahora– se pueda conseguir esa deseada reforma, la ministra de Igualdad del socio socialista del Frankenstein se lo ha recordado. Y por fin, la gran noticia del miércoles es que Puigdemont ya está de acuerdo con la nueva redacción de la proposición de ley para que sean amnistiados él y todos los encausados por los delitos cometidos desde el año 2012 hasta 2017. Eso sí, siempre y cuando estuvieran motivados por su voluntad de conseguir la independencia de Cataluña. Es un acto de corrupción política sin precedentes, que establece una España con dos categorías de ciudadanos: los que se sienten españoles, y los que detestan ser de esa condición. Los separatistas no están sometidos al respeto a la Constitución, la ley y la justicia. Y con el poder Judicial sometido a Puigdemont. Todo ello para comprar los siete votos del golpista prófugo de la Justicia que Sánchez necesita para seguir en La Moncloa. Es la «convivencia» que el sanchismo y Puigdemont desean. Como dijo ayer el portavoz de Junts en el Pleno: «¡y si no les gusta esa convivencia, pues se aguantan!».