¿Puigdemont está acabado?

Hay que reconocer que Sánchez lo intenta, pero no lo consigue. Con una cierta ingenuidad, la izquierda política y mediática creía que Puigdemont se entregaría, pasaría a disposición del juez e ingresaría feliz en prisión mientras Illa se convertía en presidente de la Generalitat. La única previsión que se ha cumplido es que el primer secretario del PSC ha asumido el cargo gracias al apoyo de dos fuerzas en decadencia, ERC y los Comunes. Una vez firmado el pacto de investidura era evidente que nada conseguiría revertirlo. Hace tiempo que se rompió la unidad de acción del independentismo y Marta Rovira ha impuesto una estrategia arriesgada que pasa por subsumirse en el frente de izquierdas del sanchismo. Tras la catastrófica gestión de Pere Aragonès existían dos posibilidades. Los dirigentes de ERC han preferido la que ni siquiera les ha servido para colocar a los altos cargos y asesores cesantes que tendrán que ser recolocados en las diputaciones y los municipios. Unos pocos tienen excedencias y podrán volver al sector privado, pero la mayoría necesita seguir cobrando de los presupuestos públicos.

El sector catalanista y de los negocios del socialismo catalán ha conseguido una gran victoria a coste pequeño, porque las cesiones corren a cargo del resto de los españoles. En este caso sí que serán muy elevadas, aunque Sánchez no tiene los votos para sacar adelante un insolidario concierto económico para Cataluña. En cualquier caso, Salvador Illa, que ha visto recompensada su fidelidad a Sánchez, será el que gestione los miles de millones que se detraerán del resto de comunidades para beneficiar a mi tierra. Por supuesto, seguiremos inmersos en la peligrosa espiral del endeudamiento y el despilfarro público, porque la izquierda tiene malos economistas y no sabe gestionar. Los empresarios catalanes obtendrán enormes beneficios mientras se benefician de una balanza comercial que les resulta muy rentable.

En este apartado, ni la burguesía ni los políticos catalanes tienen interés de que se hable de ella, porque tienen un mercado donde colocar sus productos. Les interesa la balanza fiscal, pero no la comercial. El festín de la elección de Illa lo pagaremos todos los españoles, aunque unos más que otros. Por supuesto, que se prepare Ayuso y la Comunidad de Madrid, ya que será el objetivo prioritario de los ataques sanchistas. El inquilino de La Moncloa no olvida que Madrid le ha dado la espalda elección tras elección y se lo hará pagar.

Tras la batalla de la amnistía, que será validada por Conde-Pumpido y la brigada progresista del Constitucional, ahora llega la del concierto. Creo que todo el mundo entiende por qué Sánchez estaba obsesionado con el control del Alto Tribunal. Es lo mismo que sucede estos días con la obsesión de colocar a Pilar Teso en la presidencia del CGPJ y a Ana Ferrer al frente de la Sala de lo Penal del Supremo. Esto garantizaría a Sánchez y su familia el archivo de cualquier iniciativa en su contra. En lo que hace referencia al TC, las mutaciones constitucionales serán validadas por Conde-Pumpido, Laura Díez, María Luisa Segoviano, María Luisa Balaguer, Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez Valcárcel. Están al servicio del sanchismo y no les importa atropellar la Constitución, el Estado de Derecho y la separación de poderes. La cesión de la soberanía fiscal a Cataluña será alegremente autorizada por estos siete progresistas defensores del uso alternativo del Derecho. Es lógico que el presidente del Gobierno esté muy tranquilo, ya que solo le falta concluir el control del Supremo. El aparato propagandístico de La Moncloa, dirigido por José Miguel Contreras, ha colocado el relato de que no hay que preocuparse por la constitucionalidad de cualquier tropelía que perpetre el actual gobierno de izquierda radical.

Por tanto, el problema nunca estará en el Constitucional, sino en conseguir los votos en el Congreso. En esta ocasión resulta difícil lograr el apoyo a una iniciativa que destruye la igualdad y la solidaridad y cuyo fin es otorgar una situación de privilegio a Cataluña en detrimento del resto de autonomías. La solidaridad catalana se circunscribirá a un nuevo sistema de beneficencia que nos retrotrae a lo que sucedía en Europa durante el Antiguo Régimen. No contábamos con un Estado del Bienestar y los ricos limpiaban su conciencia creando hospitales y orfanatos. En este caso será algo más sofisticado, pero el concepto es similar. El gobierno catalán dará el dinero que le venga en gana gracias a la soberanía fiscal que le quiere otorgar Sánchez.

El escenario idílico del relato de Contreras depende de un político al que han engañado muchas veces, así como intentado destruir otras tantas. Ni el PSOE ni ERC lo han conseguido, a pesar de los denodados esfuerzos que han aplicado a esta obsesión. Puigdemont se burló con su fuga de todos ellos. Estos días se han encargado de ridiculizarlo e insistir en que tiene miedo a entrar en prisión, cuando la realidad es que no le resulta útil en su estrategia política. No tiene ningún interés en convertirse en el rehén de Sánchez. No podía impedir la investidura de Illa mientras que ahora tiene las manos libres para erosionar a ERC por su traición y poner de manifiesto su sumisión a Illa. Los militantes de Junts se sienten orgullosos de su líder, a pesar de las cosas estrambóticas que hemos leído estos días, las asociaciones catalanistas andan muy enfadadas y Sánchez no tiene una mayoría parlamentaria que apoye a su gobierno de izquierda radical. No veo a Puigdemont y su equipo aplaudiendo las extravagancias populistas del sanchismo y sus aliados comunistas. Es cierto que andan diciendo que sudarán la camiseta en la negociación de los Presupuestos, pero que Puigdemont acabará sometiéndose. Lo dudo.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).