Presupuesto blando

Una de las enseñanzas del Federalismo Fiscal es que las condiciones de presupuesto blando –o sea, la inexistencia de sanciones a las administraciones que incurren en déficits no autorizados porque sus gastos exceden de sus ingresos y han de ser financiados con emisiones de deuda– conducen inevitablemente a una gestión ineficiente que toma la forma de derroches, políticas de amiguetes, chiringuitos de partido y, muchas veces, corrupción de gobernantes y gestores. El acuerdo que han alcanzado ERC y el PSOE para que el Estado se haga cargo de una parte de la deuda catalana –que se pretende extender a las demás Comunidades Autónomas para disimular su verdadera intención política– es una manera de establecer ese tipo de condiciones. Ello convierte en papel mojado las normas de estabilidad presupuestaria, generando un riesgo moral entre los gobernantes autonómicos que adoptarán decisiones ineficientes. Y éstas se acabarán trasladando al conjunto de la economía, empeorando así el nivel de bienestar –o de renta, que es lo mismo– de los españoles. Además, surgirán otros demandantes deseosos de disimular los dislates financieros de su gestión al reclamar que sea el Estado quien se haga cargo de sus deudas. Apuesto en esto por las Universidades y tal vez por algunos Ayuntamientos.

El argumento de la infrafinanciación que esgrimen los gobiernos y gestores que reclaman el presupuesto blando, no es de recibo. Ocurre que generalmente no hay infrafinanciación sino más bien ínfulas de grandeza, cuando no de corrupción, que les conducen a gastar lo que no tienen, a la espera del momento político en el que al gobierno del Estado no le quede otra que aflojar la rienda para sostenerse en el poder. En eso estamos. Pero debe quedar claro que los que más pían –los nacionalistas catalanes– carecen de motivos para sus quejas, pues su región es una de las que obtiene una financiación por habitante superior a la media. Otra cosa son los casos de Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha que, para llegar a ese promedio, necesitarían disponer de algo más de 3.000 millones de euros adicionales a los que actualmente les proporciona el sistema de financiación. Es este último lo que habría que reformar y dejarse de mandangas con lo de la deuda.