El Estado de Derecho tiene la obligación de defenderse ante la actividad clandestina de terroristas e independentistas. Lo que no puede hacerlo es por la sola voluntad del responsable de los servicios de inteligencia. Para determinadas cuestiones hay que someterse al juez y actuar conforme a lo que la Justicia determine.

Todos los Estados de Derecho, todas las democracias pluralistas plenas, disponen de los llamados servicios de inteligencia. La CIA en los Estados Unidos de América y el Intelligence Service británico figuran entre los más célebres y eficaces servicios de espionaje de las naciones constituidas en Estados de Derecho. La diferencia entre dictaduras y democracias es que en las primeras se prescinde del permiso de los jueces para determinadas cuestiones, por ejemplo, el espionaje telefónico. En los países libres, los responsables de los servicios de inteligencia deben contar con la intervención del juez.

Ante posibles actos de terrorismo, ante eventuales atentados contra la unidad territorial de la nación, el Estado tiene la obligación de utilizar todos los medios legales a su alcance para impedir los atropellos. Gracias a los servicios de inteligencia se han cercenado en las democracias europeas numerosos atentados terroristas y no pocas acciones anticonstitucionales contra la integridad territorial.

Parece, en consecuencia, lógico que durante la gestión de Pedro Sánchez los servicios de inteligencia españoles, el CNI, solicitaran del Tribunal Supremo permiso para espiar a dirigentes de la Generalidad, sobre los que existían fundadas sospechas de actividades coordinadas con los CDR de Cataluña. El primero de los avales concedidos por el Alto Tribunal se produjo en julio del año 2019 cuando Pedro Sánchez contaba con un año como presidente del Gobierno. Esta primera autorización judicial fue prorrogada en octubre del año 2019 y en enero del 2020.

Nada, por consiguiente, que reprochar a Pedro Sánchez. Hizo lo que debía hacer: ejercer espionaje sobre algunos dirigentes catalanes y sus posibles funciones de «dirección y coordinación» de los CDR. Que el presidente del Gobierno negociara simultáneamente con alguno de los espiados forma parte de la normalidad. El problema no reside en la correcta actuación del Estado si no en la política establecida por el sanchismo tras las elecciones del 23 de julio, sometiéndose al chantaje de los cuatro partidos independentistas, dos de extrema izquierda, Bildu y ERC; y otros dos de derechas, Junts y PNV.

Luis María Anson,de la Real Academia Española.