La lucha contra el fraude de IVA en el sector de hidrocarburos: un problema de competencia desleal y un desafío de Estado

A pesar de la implementación en marzo del Real Decreto Ley 8/2023, destinado a regular el suministro entre distribuidores mayoristas y minoristas, los problemas en el sector de los hidrocarburos siguen siendo alarmantes. Hoy, el sector se enfrenta a un fraude en el IVA que supera los 1.900 millones de euros anuales, una cifra que afecta no solo a las arcas públicas, sino también a las empresas que operan legalmente y a los consumidores, quienes, en última instancia, soportan el coste de un mercado injusto y desregulado.

Este fraude es de proporciones inmensas y, además de su impacto fiscal, plantea una grave distorsión en la competencia del sector de las gasolineras. Las PYMES y empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales compiten en desigualdad de condiciones frente a ciertos operadores que, aprovechando las grietas del sistema, pueden ofrecer precios por debajo de lo posible.

El fraude de IVA en hidrocarburos se basa en una estructura de «operadores fantasmas»: intermediarios que apenas duran tres meses en el mercado y desaparecen embolsándose el IVA recaudado. Los mismos se aprovechan de un vacío regulatorio que les permite disolverse sin cumplir con sus obligaciones tributarias, generando así una competencia desleal que pone en jaque a las pequeñas y medianas empresas del sector. Nos encontramos ante un vacío en la regulación que deja la puerta abierta para que los defraudadores operen en un mercado en el que la impunidad parece garantizada.

El hecho de que estos operadores desaparezcan rápidamente, sin responder ante Hacienda, deja en evidencia la necesidad de una revisión urgente de nuestros sistemas de control. Esta situación plantea una gran carga fiscal y económica para el Estado y afecta directamente a la viabilidad de las empresas que operan dentro de la ley. Las PYMES se ven obligadas a competir en un mercado donde los infractores pueden ofrecer precios bajos, socavando las posibilidades de competir en igualdad de condiciones.

Las medidas actuales de las autoridades, aunque bienintencionadas, no han sido suficientes para frenar esta situación. Desde la Agencia Tributaria se han intensificado las inspecciones en gasolineras de toda España, lo cual es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. La gravedad de la situación demanda medidas más profundas: se necesita un mayor control sobre la importación y venta de combustible, así como una reforma de los mecanismos que permiten la creación de estos operadores de manera tan sencilla.

Para evitar este tipo de situaciones, el control debería intensificarse en los depósitos fiscales desde el momento en que el combustible sale al mercado. El modelo italiano es un claro ejemplo de lo que se puede lograr ya que la garantía del IVA desde la salida del combustible ha tenido un impacto positivo y ha reducido significativamente el fraude en el sector. Esta medida permitiría que el IVA se abone desde el origen, dificultando la operación de estos intermediarios fraudulentos. Si a esto se le suma una regulación más estricta sobre las entidades autorizadas a operar como mayoristas, se daría un paso importante para reducir el fraude y fomentar una competencia justa en el mercado.

El sector de los hidrocarburos es esencial para la economía de este país. La energía es el motor del transporte y de sectores estratégicos como el comercio y la agricultura, por lo que mantener un mercado de hidrocarburos transparente y libre de prácticas fraudulentas es crucial. Resolver el fraude del IVA no solo incrementaría la recaudación fiscal y protegería el mercado, sino que también crearía un entorno de competencia más leal, beneficiando tanto a las empresas como a los consumidores.

Además, si se logra reducir el fraude en el sector de los hidrocarburos, los recursos que actualmente se pierden podrían destinarse a proyectos de sostenibilidad y transición energética. El avance hacia un modelo de negocio responsable y eficiente pasa por garantizar que las prácticas sean sostenibles a largo plazo y que todos los actores del sector operen con las mismas condiciones y reglas.

La magnitud de este fraude exige una respuesta clara y enérgica. Implementar sistemas de garantía del IVA, incrementar los controles sobre las operaciones mayoristas y restringir la operativa a entidades solventes son medidas que reducirían el fraude y garantizarían la estabilidad del sector. Solo con una reforma a fondo del marco fiscal y regulatorio se logrará consolidar una industria transparente y competitiva.

Este debería ser un caso de estudio sobre cómo podemos y debemos reformar el sector. Si las reformas se aplican correctamente pueden transformar el sector, asegurando su sostenibilidad y creando un entorno de competencia en el que todos puedan prosperar.