Grandes minucias

Tras esperar año y medio a que el legislador lo deshiciese, ahí sigue el entuerto, el estropicio legal; y tras este tiempo de paciente y silente espera toca decir algo. Cierto que en esos estropicios de vez en cuando cae el legislador y, antes, el llamado «prelegislador», es decir, la instancia que tiene potestad para promover leyes. En este caso ese prelegislador fue el gobierno y en él dos Ministerios: el de Trabajo y el de Igualdad. El de Trabajo no ha cambiado de titular, sí el de Igualdad.

¿A qué entuerto me refiero? El que nos brindó el 1 de marzo de 2023 el BOE. Ese día publicaba dos leyes: la Ley de Empleo (amadrinada por la ministra de Trabajo) y la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (amadrinada por la entonces ministra de Igualdad) y, como dicen los anglosajones, el diablo se esconde en los detalles. Pronto los lectores atentos a las novedades legales advirtieron que ambas leyes modificaban una misma norma y lo hacían contradiciéndose.

Voy al diabólico detalle. Las dos leyes reformaban un mismo artículo, el artículo 16.1.c) de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, conocida como la LISOS entre los habituales al género; es un precepto que castiga a las empresas o agencias de colocación que soliciten al demandante de empleo datos prohibidos, en concreto los que afectan a la intimidad. El caso es que el Ministerio de Trabajo promovió la modificación de ese artículo incluyendo como dato prohibido el referente a la salud del demandante de empleo; mientras que ese mismo día, hora y BOE, por iniciativa del Ministerio de Igualdad, promovió su reforma para excluir la salud de los datos vetados o prohibidos.

Un patinazo. Esto motivó interpelaciones parlamentarias porque la Oposición en cuanto huele carnaza, ya se sabe, se lanza. Pero sobre la XIV Legislatura cayó la guillotina del adelanto electoral y esas iniciativas caducaron. Salvo que me equivoque –si es así, pido ya disculpas– esas interpelaciones no se han reproducido en la actual legislatura ni hay reforma en ciernes que nos aclare el alcance de una infracción que –ojo al dato– puede llegar a sancionarse con multas que llegan a los 225 mil y pico euros.

Las demarcaciones de carreteras reclaman prudencia cuando nos advierten que transitamos por lo que bautizan como «tramo de concentración de accidentes», es decir, la carretera no se arregla, y la solución se deja al conductor, al que se le advierte de que circular por ahí es peligroso. Lo mismo se hace con las leyes, no se arreglan y el BOE en su edición digital –magnífica, por cierto– nos advierte que ese precepto es un tramo peligroso para el que circule por él, ya sean inspectores de trabajo, empresas o jueces.

El mejor escribano echa un borrón y también los tribunales incurrimos en contradicciones, cierto, pero aquí hablamos de algo más gordo: que dos Ministerios –obviamente de un mismo gobierno– promueven la reforma de un mismo artículo y lo hacen contradiciéndose; es más, los dos proyectos llegaron a las Cortes, dotadas de ilustres Letrados, formadas por un total de 558 parlamentarios y nadie cayó en la cuenta con el resultado de que en el mismo BOE aparecen dos leyes reformando en sentido opuesto el mismo precepto.

No me meto ahora en qué versión deberá prevalecer y todo ello en el curso de sesudos debates entre juristas. Tampoco sé si lo que es una más que objetiva chapuza tendrá su origen en el distinto pelaje político de los Ministerios promotores, sus piques y peleas de corrala; tampoco sé si tras la «salud» como dato prohibido/permitido, hay algún trasfondo wokero o pretendidamente ideológico.

Todo esto es muy lamentable y nos indica el nivel y categoría de unos gobernantes que, lejos de ser censurados por sus pifias son promovidos, premiados, pensionados o condecorados. O peor, reelegidos. La pifia que comento será una minucia, cierto, pero bien grande que es, porque evidencia toda una forma de gobernar y legislar.

Ahora me quedo con una suerte de ¿qué es esta minucia comparada con otras chapuzas de grueso calibre? porque este gobierno gastó millones comprando trenes que no cabían por los túneles, pero sí que le caben en el BOE aberraciones como la ley del «sí es si», promovida por la entonces ministra de Igualdad para beneficio de violadores y demás agresores sexuales o la pifia que comento. Esta abochorna, pero no pasa nada, y si llega al Tribunal Constitucional dirá que no hay nada más constitucional que la inseguridad jurídica. Y esperen, que si le llega el pacto catalán nos dirá que nada es más constitucional que eliminar la igualdad entre españoles y la solidaridad interterritorial. Que se lo pidan.

José Luis Requeroes magistrado.