La extorsión permanente como arma política

No creo que alguien pueda dudar de que esta legislatura se sustenta en la extorsión. El Diccionario de la Real Academia la define como la «presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio». Es sinónimo de chantaje, coacción, presión o boleteo. No hay duda de que todos sirven para definir a los peculiares aliados de Sánchez que tienen en común su desconfianza profunda al presidente de Gobierno y su objetivo final de destruir España. En este último aspecto creo que todos podemos coincidir, incluidos los bien pagados hagiógrafos del inquilino de La Moncloa, en que la secesión de Cataluña y el País Vasco sería el fin de nuestro país. La horda de pijos revolucionarios agrupados en Sumar bajo el liderazgo de Yolanda Díaz tiene, también, como objetivo final un proceso constituyente para acabar con el ordenamiento constitucional liberal y burgués, como definen el sistema que impera en Europa. Desde la Revolución Bolchevique hasta nuestros días sabemos que nunca ha existido democracia en un país gobernado por el comunismo.

Otra cosa es que se disfracen para ir erosionando las instituciones, realicen campañas de desestabilización y formalicen alianzas como la que hicieron Lula da Silva y Fidel Castro en Sao Paolo o el Grupo de Puebla con algún demócrata bienintencionado que se confunde al creer que los chavistas, castristas, kirchneristas y otros populismos son otra cosa que los comunistas totalitarios de toda la vida. Nunca he tenido ninguna simpatía por comunistas, fascistas, populistas u otras peligrosas ideologías totalitarias. Cuando era joven jamás creí que Castro o Che Guevara pudieran ser referentes de nada. Desde la universidad me sitúe en el espacio de UCD, que en Cataluña era Centristes, y no lo he abandonado. No he compartido esa fascinación de algunos líderes del centroderecha por incorporar a «ex» maoístas, trotskistas.., por el único mérito de haber sido unos ignorantes que se dejaron seducir por el mal. Estos días he aprovechado para volver a leer «Eichmann en Jerusalén», de Arendt, que viene muy bien para reflexionar sobre los totalitarismos o el desarrollo de un juicio con un presidente, Moshe Landau, que demostró su independencia. Es posible que Sánchez lo haya leído, pero se lo recomiendo para que vea que nunca, en ninguna circunstancia, el Poder Judicial debe estar condicionado por el Ejecutivo. Hay aspectos polémicos o cuestionables en la obra de Arendt, pero su importancia y trascendencia es incuestionable.

El lawfare es una de esas basurillas ideológicas que tanto gustan a los comunistas y sus aliados, en este caso los independentistas, para destruir la separación de poderes, debilitar la democracia y alcanzar sus objetivos. La destrucción de la independencia de la Justicia es una de sus prioridades. Otra es la Corona, porque es un impedimento para emprender un proceso constituyente. El lawfare es otra más de las extorsiones a las que someten a Sánchez. Una cosa es la negociación y otra muy distinta es el chantaje. Hasta ahora, los diferentes presidentes del Gobierno han tenido que negociar con las formaciones nacionalistas, pero la situación actual es diametralmente opuesta. En épocas anteriores eran competencias e inversiones mientras que ahora se persigue imponer relatos falseados o una amnistía que «va en contra de lo que nos define como sociedad», como afirmó ayer Juan Lobato, el líder de los socialistas madrileños. Es una lástima que el sistema partitocrático haya sustituido en el PSOE al modelo de partidos recogido en la Constitución y desarrollado en la LO 6/2002. Los artículos 6 a 8 dedicados a los «principios democráticos y legalidad» no se plasman en una democracia interna real, sino formal. Al final, gracias a las primarias y con la fuerza que otorga La Moncloa, el aparato del partido se convierte en una repartidora de cargos y una maquinaria que silencia cualquier voz discrepante.

El chantaje de los independentistas, los herederos de ETA y otros socios poco recomendables ha conducido a que el PSOE haya dejado en la cuneta sus principios para abrazar el oportunismo político como forma de gobierno. Esta estrategia se sustenta en que las urnas en el País Vasco y en Cataluña resulten favorables para Sánchez. Por supuesto, hay que añadir que agote la legislatura para dejar en el pasado el recuerdo de la amnistía y otras concesiones. La experiencia con los chantajistas demuestra que nunca están satisfechos. Ni la amnistía ni la mesa de negociación serán suficientes, porque necesitan el referéndum, y la legislatura es muy larga. Es posible que Sánchez pueda ganar tiempo con una reforma estatutaria que blinde los privilegios de Cataluña frente al resto de comunidades autónomas con la excepción del País Vasco y Navarra que entrarían en el mismo paquete. Es decir, blindar la identidad nacional, el idioma propio y un concierto, así como un vaciado competencial de España para complacer los delirios secesionistas de ERC y Junts.

La experiencia nos demuestra, una vez más, que la deslealtad institucional es algo consustancial a estas formaciones, porque su lealtad es solo con Cataluña y su camino hacia la independencia. Por cierto, nunca lo han escondido. Sánchez y sus hagiógrafos mediáticos se confunden al creer que todo esto conducirá a una reedición del tripartito, en este caso liderado por Illa, y que la «normalización» en Cataluña será la exaltación de la lucidez de un líder que ha logrado acabar con el problema. No imagino a Junqueras cediendo la presidencia de la Generalitat, para que su partido asuma una vicepresidencia. Por supuesto, nada sería más grato para Puigdemont. Esta será una legislatura de chantajes y extorsiones.

Francisco Marhuenda es catedráticode Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).