Plan de anexión para Navarra

Aunque la obsesión vasquista por anexionarse administrativamente el reino de Navarra puede rastrearse desde la reforma administrativa de Javier de Burgos, en 1833, que conformó el provincial de España, ha sido a partir del surgimiento del independentismo vasco cuando adquiere tintes de proyecto estratégico, en busca de una masa territorial crítica que haga viable el proyecto separatista. Tanto en la II República como en el proceso de conformación del actual estado de las autonomías, el PNV trató de impulsar la incorporación de Navarra al País Vasco, hasta el punto de que consiguió introducir en la actual Constitución española una disposición transitoria, la número 4, que prevé el procedimiento legal para la misma, si bien su vigencia ha sido puesta en duda por sentencia del propio Tribunal Constitucional. Por supuesto, la banda terrorista etarra y su entramado político han hecho de la anexión de Navarra uno de sus objetivos prioritarios, para el que no han escatimado esfuerzos y violencia, articulando a través de organizaciones y plataformas pantalla de todo tipo –ecologistas, educativas, culturales– un movimiento asfixiante de presión social sobre la población y las instituciones navarras, cuya manifestación más evidente ha sido la politización de los sanfermines de Pamplona. Las últimas elecciones autonómicas, con el retroceso de los foralistas de UPN, los cuales han sufrido las consecuencias de la crisis y de una campaña de propaganda populista incalificable, han llevado al poder en la comunidad a una coalición de cuatro partidos entre los que se encuentran la coalición Geroa Bai –en la que se integra el PNV– y los proetarras de Bildu. Es decir, las sucursales navarras del separatismo vasco se han hecho con el poder institucional en la comunidad foral, y sería muy ingenuo pensar que no van a servirse de los instrumentos de Gobierno para llevar a cabo un proyecto anexionista que, como hemos señalado, forma parte del programa de máximos de los grupos abertzales. Basta con repasar los acuerdos de gobierno que establece el pacto de perdedores para advertir la inminente puesta en marcha de un amplio proceso de euskaldunización en las comarcas castellanohablantes como primer paso. En efecto, el nuevo Gobierno de Navarra apuesta por la normalización lingüística del euskera, tanto en el ámbito educativo como en el de los medios de comunicación, así como por la integración institucional de la bandera autonómica vasca y, lo que es más preocupante, por asumir la plena competencia en materia de Seguridad Ciudadana y de Justicia, una de las más reiteradas pretensiones de ETA, que no busca otra cosa que la salida de la Guardia Civil y de la Policía Nacional del territorio foral. En definitiva, el mismo discurso que ha mantenido la izquierda abertzale desde siempre.