España necesita un gran pacto que favorezca la gobernabilidad

De fraguarse un pacto entre los grupos de izquierdas sería la primera vez que el partido más votado no gobernaría en España. Nada, reglamentariamente, impide formar una coalición postelectoral para nombrar al presidente del Gobierno, pues éste no es elegido directamente por los electores, sino por el Parlamento, aunque suele hablarse de que existe un acuerdo tácito para asegurar la estabilidad y alejar la tentación de alianzas de intereses, sin consistencia y futuro, y dejar vía libre a pactos naturales. Y no olvidemos que hay otra razón de peso: desde 1978, ningún candidato ha necesitado el apoyo directo de otro partido que no fuese el suyo para alcanzar la presidencia. El único caso fue en 1996, cuando el PP accedió a La Moncloa con 156 diputados, a 15 del PSOE. Dejando al margen que los socialistas de Felipe González no recibirían nunca los votos de la IU de Julio Anguita, Aznar pudo llegar a un gran pacto con CiU, de manera especial, y con PNV y Coalición Canaria después de dos meses de negociación. Ahora nos encontramos con una situación diferente, empezando por que entre el PP y el PSOE median 33 escaños y, lo que es fundamental, Pedro Sánchez debería recibir al apoyo de los 69 diputados de Podemos y todas sus franquicias territoriales, además de un cúmulo de formaciones nacionalistas e independentistas que en total suman 25 votos. Esto último es la verdadera cuestión a debatir y la que preocupa a sectores importantes del socialismo español. El secretario general del PSOE eligió Lisboa, donde se reunió con el primer ministro luso, el socialista Antonio Costa –después de pactar con los comunistas ortodoxos del PC y los izquierdistas antieuropeos del Bloco de Esquerda– para explicar su propuesta de coalición para llegar al Gobierno de España, que ha definido como «gran coalición progresista». Primero debería explicar qué entiende por progresista cuando se trata de pactar con Podemos, una formación que exige un referéndum independentista en Cataluña, es contraria a la UE y se niega a condenar los abusos antidemocráticos del régimen chavista de Maduro. Ambas formaciones sumarían 161 diputados, lo que está muy lejos de los 176 que se necesitan para alcanzar la mayoría absoluta, lo cual obligaría, a su vez, a pactar con formaciones como ERC o Bildu, que son abiertamente independentistas. ¿A esto se refiere Sánchez cuando habla de «gran coalición progresista»? La aritmética dice que las izquierdas más nacionalistas podrían investir a Sánchez en segunda votación, pero otra cosa sería la gobernabilidad. La creación de un bloque anti-PP es una estrategia demasiado frágil para llegar al Gobierno. Por contra, la coalición formada por populares, socialistas y Ciudadanos, sustentándose sobre un programa de medidas claras y concretas sobre reformas políticas y económicas, permitiría gobernar con holgura, emplear leyes orgánicas e, incluso, disponer de una mayoría cualificada para afrontar la reforma de la Constitución. Un Gobierno con una base sólida es lo que necesita España en estos momentos. Ensayar multicoaliciones no sólo es arriesgado para nuestro futuro, sino que afectaría de manera directa a la estructura territorial si abrimos la posibilidad de que se reconozca el derecho de autodeterminación, como piden Podemos e independentistas. También por esta cuestión es necesario en estos momentos que los dos grandes partidos españoles, además de Ciudadanos, trabajen para forjar un pacto sólido, comprometido y que anteponga los intereses de España por encima de los personalismos.