Ecuador ampara las guerras sucias ce Assange

El Gobierno ecuatoriano, que refugia desde hace cinco años en su embajada de Londres a Julian Assange, reclamado por los tribunales de Suecia y de Estados Unidos, se ha convertido en la práctica en cómplice de una de las «industrias de la desinformación» más dañinas del mundo, capaz de influir con su propaganda en la opinión pública de los países democráticos mediante el uso de las redes de internet. Una cuestión es dar asilo político a Julian Assange, con el que el actual Gobierno de Quito manteniene una extraña afinidad ideológica, basada en el «antiimperialismo norteamericano», y otra amparar las guerras sucias que el fundador de Wikileaks declara en las redes por razones de las que no cabe descartar el pago de sus prestaciones. Es la sospecha más razonable a la intervención de Assange en la crisis del separatismo catalán, sospecha sostenida por los encuentros personales entre el hacker australiano y el empresario indpendentista Oriol Soler, quien actuaría como emisario del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Las autoridades ecuatorianas, país que mantiene fluidas relaciones diplomáticas con España, están obligadas a actuar con lealtad a los acuerdos internacionales, especialmente en el respeto a la soberanía nacional de los Estados. Favorecer las campañas mediáticas rusas contra las democracias occidentales debe ser motivo de reproche.