Combatir a ETA hasta el final

La nueva operación llevada a cabo por la Guardia Civil contra el llamado «frente de cárceles» de ETA, que se ha saldado con 16 detenciones entre el equipo de abogados de la banda, confirma, como señalaba ayer al dar cuenta de los hechos el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que en España el Estado de Derecho no está en suspenso y actúa contra el delito allí donde se produzca. La Justicia, pues, no está en tregua ni puede estarlo, por más que permanezca un cierto atavismo entre el nacionalismo vasco, que tiende a explicar en términos de conveniencia política asuntos que caen directamente en el ámbito del Código Penal. En ocasiones, y ésta es una de ellas, se hace muy cuesta arriba tener que reiterar a los representantes del PNV lo que es evidente, sobre todo cuando el propio portavoz del Gobierno autónomo vasco, Josu Erkoreka, se presta al triste papel de transmisor de amenazas apenas veladas sobre el riesgo de un retorno de la violencia terrorista. La extorsión es un delito, como lo son también la pertenencia a banda armada, la desobediencia a las resoluciones judiciales y la evasión fiscal. Pues bien, el juez instructor de la Audiencia Nacional considera que hay indicios más que suficientes de la comisión de todos estos ilícitos penales por parte de los ayer detenidos. Que el «frente de cárceles», indiscernible de la ilegalizada «Herrira», movimiento de apoyo a los terroristas presos, es una parte del conglomerado etarra no se le oculta a nadie, como tampoco que su función principal, más allá del derecho de defensa garantizado por nuestro ordenamiento constitucional, es mantener la presión sobre los encarcelados para evitar que se acojan a las medidas de reinserción previstas por la ley. Se trata de una inaceptable extorsión, más grave por cuanto los letrados se aprovechan de su posición de evidente superioridad sobre unos reos y sus familias, que dependen en buena medida del auxilio económico que proporciona la banda. Son, al mismo tiempo, transmisores de órdenes de la cúpula y correos que se prevalecen de su estatus profesional. Praxis cuando menos dudosa que busca más la reafirmación del recluso en el delito, con las consecuencias penitenciarias personales que ello conlleva, que la búsqueda de los beneficios de un sistema penal inspirado en los principios de la reinserción. Pero el problema de fondo sigue siendo la negativa de la banda etarra a llevar a cabo su total disolución, que implica la entrega de las armas y la inexcusable colaboración con la Justicia para reparar en lo posible el mal causado. A partir de ese escenario, se podrán articular las medidas de reinserción a las que se hagan acreedores los terroristas penados. Esperar o promover una «solución política» es tanto como pedir a la sociedad que renuncie al triunfo de la Ley y la democracia.