Qué mejor día que el que nos sirve para conmemorar nuestra preciada Carta Magna para reivindicar, desde este Consejo General de la Abogacía Española, una solución justa, equitativa y que, precisamente desde una perspectiva constitucional, garantice una pensión digna para los miles de mutualistas alternativos preocupados por su sustento durante la tercera edad.

Me refiero a los miles de compañeros y compañeras que confiaron en el sistema de previsión social, que para los profesionales de la abogacía y de otros sectores del Derecho se configuró como alternativo al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), siendo obligatorio para los mismos hasta el año 1996. También para los que, a pesar de las reformas legales -tanto las de ese año, como las que se articularían más adelante en 2005, para pasar de un sistema de reparto a otro de capitalización individual- siguieron creyendo que tras una larga vida laboral de aportaciones y cotizaciones a su Mutua Privada recibirían, llegado el momento, una pensión adecuada y periódicamente actualizada, que asegurara su suficiencia económica en su retiro en condiciones muy similares a como lo harían las pensiones públicas.

No se pide ahora a quienes están al frente de la Administración Pública nada distinto a lo que los poderes públicos están obligados, conforme a los artículos 41 y 50 de la Constitución Española. O a lo que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 14 de enero de 2014, no haya pedido a los Estados nacionales, sobre la necesidad de protección social para todos, incluidos los trabajadores autónomos. Además, no podemos olvidar que el mutualismo laboral de carácter sectorial obligatorio, que se desarrolló en nuestro país a partir de la segunda mitad del pasado siglo, ha implicado la intervención del Estado a través de estas entidades durante todo este tiempo. Lo ha hecho precisamente para garantizar que todos los colectivos tuvieran acceso a determinadas prestaciones de protección social. Una tutela, que ya en el período constitucional y en el marco de la integración europea que vendría después, España debe garantizar en condiciones de igualdad y como manifestación del Estado social y democrático de Derecho en el que se ha constituido precisamente a través de ese texto aprobado por una inmensa mayoría de españoles en 1978.

La Constitución Española ha sido uno de los logros cívicos más importantes para la estabilidad y el progreso de nuestro país, así como para el desarrollo de un marco normativo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, que deben interpretarse además de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se trata de un texto jurídico esencial, en el que también se proclama el derecho, en su artículo 25, a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, orfandad, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Por todo lo expuesto, un año más el Día de la Constitución debe servirnos para reafirmar y recordar que la igualdad y la dignidad deben estar presentes en todas las facetas de la vida, incluyendo, como no podría ser de otra manera, en la etapa que a la que corresponde recoger los frutos de esfuerzo personal de décadas de trabajo: la jubilación. Conmemoremos, por tanto, el 6 de diciembre del presente año defendiendo los valores que nos llevaron al mayor triunfo social de nuestra historia reciente, como lo es, sin duda alguna, la Carta Magna. Y profundicemos en el mismo con reformas valientes que garanticen, desde una más que imprescindible perspectiva constitucional, la suficiencia de las pensiones de todos los profesionales del Derecho.

Los intentos de avanzar en esas reformas realizados hasta ahora han sido muy tímidos y no han generado el consenso indispensable para caminar en la dirección expuesta en estas líneas. Los diferentes diálogos cruzados nos han ayudado a entender mejor la situación y a identificar las carencias del sistema, lo que debería contribuir a encontrar la solución. Nos falta todavía encontrar la fórmula legislativa que nos permita continuar recorriendo esta senda para alcanzar los objetivos enunciados en la propia Constitución.

La proposición de ley que recientemente se ha presentado en el Congreso de los Diputados bien puede ser la oportunidad que todos estamos buscando para llevar a cabo el debate sosegado entre los grupos políticos, con los colectivos afectados y las instituciones de la abogacía. Ese diálogo sereno debería conducirnos al consenso por el que se debe materializar y blindar la igualdad y el bienestar de toda la ciudadanía. Un derecho que debe hacerse extensivo a los miles de mutualistas por quienes legítimamente estamos reclamando una pensión digna y adecuada.

Este día contribuye a visualizar que la solución está en la Constitución Española que en estos días, con justicia y agradecimiento, celebramos.

Salvador González Martín es presidente del Consejo General de la Abogacía Española