No tengo ninguna duda de que Conde-Pumpido es un jacobino de manual, aunque es un camaleón que se adapta al régimen político que más le convenga. Por eso, ha asumido gozoso el papel de sumo sacerdote que interpreta la voluntad jurídica del sanchismo y blanquea la inconstitucional amnistía con piruetas propias de un leguleyo henchido de soberbia. En el futuro asumirá las medidas del pseudofederalismo de reinos de taifas. En realidad, es un inmenso fraude de ley para comprar la presidencia del Gobierno. Cuando la izquierda habla de casta jurídica me viene a la memoria este magistrado descendiente de un ilustre linaje de jueces y fiscales que sirvieron a diferentes regímenes. Si el ministro Bolaños piensa en esa pequeña minoría de la carrera no tiene más que mirar a un presidente del TC obsesionado por vengarse de Marchena. Me recuerda a la madrastra y Blancanieves. Hasta puedo entender ese sufrimiento provocado por los celos. Su soledad blanqueando las insensateces jurídicas del sanchismo es la confirmación de que no está produciendo el mejor Derecho.

En esa cruzada contra el Supremo, Marchena y el Estado de Derecho le acompañan unas magistradas y unos magistrados politizados que son defensores del uso alternativo del Derecho para imponer una mutación constitucional. No me sorprende, pero ya no estamos en los tiempos en que unos patricios romanos interpretaban las leyes que no conocía el pueblo para defender sus intereses de clase. El último disparate que ha perpetrado es un ataque a la independencia del Poder Legislativo menospreciando al Senado, aunque si le conviniera a Sánchez hubiera promovido una sentencia diferente. El abuso de las proposiciones de ley es una práctica deplorable, pero legitimar las intromisiones del Gobierno en su tramitación es otro ataque a la separación de poderes. Hay que aclarar que Sánchez utiliza este procedimiento legislativo para impedir la correcta labor de los parlamentarios y saltarse las exigencias que comportan los proyectos de ley. Es una técnica tan reprobable como fraudulenta, pero que aprueban Conde-Pumpido y sus colaboradores. Ha decidido despreciar la posición del Senado como Cámara de segunda lectura y su capacidad de reformar su Reglamento. El Gobierno aplaude esta sentencia, pero es lógico que los juristas minusvaloren las actuaciones del presidente del TC y respeten a Marchena que jamás tendría un comportamiento tan poco ejemplar.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)