Los españoles no somos unos recién llegados en la lucha contra los enemigos de la libertad y la igualdad. A lo largo de estas décadas de democracia hemos enfrentado desafíos extraordinarios que han requerido sacrificios y conductas igualmente excepcionales decididos a no dar un paso atrás en la conquista de los derechos fundamentales y convencidos del deber de entregar a las generaciones venideras un país mejor del que recibimos o al menos de conservar el legado de nuestros predecesores. Golpes de estado, 40 años de terrorismo genocida y etnicista, amenazas exteriores e interiores no han conseguido quebrantar la firmeza y la fe heredadas de un combate complicado y arriesgado por un modo de vida que nos ha incardinado con plenitud en los regímenes liberales y representativos más garantistas. Hemos pagado, eso sí, un precio doloroso, muchas veces trágico, y la memoria de las víctimas de la barbarie criminal encarnada por ETA y sus acólitos será preservada contra todo y contra todos los que hoy desde el poder han dejado tan solos a los muertos. Recordar hoy las multitudinarias movilizaciones de los ciudadanos después de sucesos traumáticos que nos conmovieron profundamente por la sangre inocente derramada, por los salvadores de la patria que se arrogaron una autoridad que no era suya o por una casta corrupta y autoritaria que atacó la democracia desde las instituciones periféricas, es reivindicar la fortaleza de una sociedad que no se resigna ni se rinde ni acepta mansamente que unos pocos hurten lo que es de todos. Asistimos atónitos a un nuevo embate contra la España constitucional con el agravante de que su autor intelectual y material ocupa la presidencia del Gobierno en funciones y aspira a blindar su poder cuatro años más pese a la derrota en las elecciones generales. Hemos detallado en estas páginas editoriales el pacto de la vergüenza suscrito con todos los enemigos de la democracia con representación parlamentaria, la compraventa de votos y el contenido de todas las cesiones de Pedro Sánchez que constituyen de manera implícita y explícita también la subversión del orden constitucional y de los fundamentos del estado de derecho que los españoles hemos refrendado durante más de cuatro décadas en todas las convocatorias con las urnas a las que hemos sido llamados. No es ocioso insistir en que las siglas contrarias al consenso constituyente y constitucional han sido contumazmente marginadas a una ínfima representación. Sin demanda social ni razón algunas los españoles nos vemos obligados de nuevo a tomar las calles para recordar a unos su deber como servidores públicos y a otros que la igualdad es una conquista histórica como comunidad civilizada y de derecho y que el lugar de los corruptos y los delincuentes no son las instituciones, y menos aún su rehabilitación para patrocinar un tiempo de despotismo y agravio. Cientos de miles de personas, que respondieron a la llamada del PP en todas las capitales de provincia, expresaron ayer su voluntad de resistir y defender la libertad y la igualdad y lo hicieron por primera vez tras el acuerdo de la amnistía. Cientos de miles de personas, millones con seguridad, enviaron un mensaje inequívoco a Pedro Sánchez sobre lo que significa la democracia, antagónica de la autocracia y el despotismo que apadrinan desde Moncloa y sus cómplices. Sería de ingenuos pensar que una personalidad como la del líder socialista atenderá el clamor de los ciudadanos y de las decenas y decenas de colectivos profesionales que vertebran la sociedad civil, o que renunciará al menos a insultar a esa mayoría de personas de bien que se resisten a que una casta desleal les robe la democracia. Un político serio y responsable no habría llegado hasta aquí, pero al menos tendría la humildad y la sabiduría para recapacitar y rectificar. Damos por hecho que Sánchez no lo hará y que la gente debe prepararse para una movilización prolongada. Hasta que se devuelva la voz al pueblo en unos comicios con programas transparentes y sin mentiras.