Covid: cinco años sin rendición de cuentas

Se han cumplido cinco años del primer caso de covid-19 en nuestro país. El 31 de enero de 2020, España lo confirmaba en un turista alemán en La Gomera. El 3 de marzo se oficializó el primer muerto; había fallecido el 13 de febrero en Valencia. Desde entonces, la pesadilla que asoló el mundo desde aquella amenaza letal que salió de Wuhan en China embistió de manera brutal en nuestro país. Repasar las cifras nos emplaza siempre en la perspectiva precisa, aunque el escaso tiempo transcurrido y la brutalidad del trauma sean el antídoto contra la desmemoria. Más de 120.000 personas fallecieron conforme a las cifras oficiales, si bien distintas fuentes y estudios elevan esa cifra por encima de los 130.000. Los casos confirmados de contagio rozan a día de hoy los 14 millones. Solo estas dos variables retratan el nivel de devastación en el que se sumió el país con administraciones sobrepasadas y doblegadas, y un sistema nacional de salud más allá de los términos que podríamos calificar como colapsado. Del impacto desolador para la economía sirva traer al presente que el PIB se contrajo un 11,3% en 2020, la mayor caída desde la Guerra Civil. De hecho, un lustro ha sido aún insuficiente para alcanzar una recuperación plena en todas las vertientes del tejido productivo y en la prosperidad y el bienestar. España fue uno de los principales damnificados por el virus y en buena media la gestión política de la crisis lo agravó todo. El consenso internacional señala al gobierno de Pedro Sánchez como el autor de una de las peores respuestas a la pandemia del mundo. Las estadísticas comparadas en los más diversos ámbitos de su desempeño despejan cualquier duda al respecto por más que el discurso y la propaganda oficiales se emplearan a fondo en un proceso de blanqueamiento y opacidad sobre lo acontecido aquellos días. Además de la negligencia y el oscurantismo, se mintió a los españoles y se canceló la democracia en un manejo autoritario y anticonstitucional del poder, que, como estamos conociendo en estos días, alentó la aparición de tramas corruptas que se enriquecieron sobre la tragedia y el dolor de los españoles. El Estado de Derecho nos fue hurtado a beneficio de gobernantes ineptos y arribistas inmorales. Que esa etapa negra de nuestra historia se cerrara en falso sin la mínima rendición de cuentas y depuración de responsabilidades, con la Fiscalía como muro censor a cualquier iniciativa en los tribunales contra aquel mando único, no es justo ni noble ni decente. Tampoco estamos convencidos de que las auditorías realizadas ni las fiscalizaciones sobre la actuación de los servicios públicos hayan ofrecido las respuestas idóneas y menos aún que hayan servido para desarrollar una conciencia colectiva crítica al respecto. Así, nos resulta imposible considerar que especialmente los poderes públicos hayan asumido las durísimas lecciones recibidas y que España esté en condiciones de afrontar con garantías la próxima pandemia, que llegará.