El ministro Luis de Guindos ha anunciado cambios en la Ley Hipotecaria. Llegan después de los varapalos proporcionados por el Tribunal de Justicia de la UE a la normativa y a las actuaciones de los jueces españoles en la materia, asunto este último muy significativo y sobre el que será necesario volver. En esas modificaciones que se pretenden introducir, se obligará a los que pidan la hipoteca a firmar lo que llaman una ficha precontractual, en la que declare que acepta y comprende la información sensible de esos contratos. Se trata de evitar que vuelvan a surgir problemas sobre cláusulas suelo, las hechas en multidivisas, los gastos previos o las amortizaciones anticipadas. Estamos ante un loable intento de clarificar las cosas, aunque dudo mucho que vaya a tener efectividad práctica, porque si uno necesita una hipoteca, «tragará» con lo que sea para obtenerla y terminará diciendo que entiende una cláusula, aunque no sea así. En cualquier caso, me parece bien que se pretenda controlar la «letra pequeña». Y ya puestos a clarificar contratos, la autoridad que corresponda, desconozco si De Guindos o Montoro, deberían aprovechar la coyuntura para poner coto a los desmanes que perpetran las aseguradoras con la «letra pequeña» de sus pólizas. Primero, esas cláusulas de letra pequeña son muchas; después, están redactadas para súper expertos en el mundo de los seguros y para confundir. Y da lo mismo del ramo que sean: automóviles, casas, de salud, de vida, el de «los muertos». Al final, siempre hay un párrafo al que se agarra la aseguradora para no pagarte aquello a lo que crees tener derecho. Las hipotecas suelen ser una o dos como mucho en la vida de una persona, pero pólizas de seguros tenemos bastantes más, que se renuevan todos los años. ¡Que levante la mano el que no se haya sentido engañado por una compañía de seguros, que, además, nos tratan a los clientes como si fuésemos presuntos defraudadores! Urge que el Gobierno meta en cintura a las aseguradoras, si quiere y puede. En caso contrario, siempre nos quedará el Tribunal de la UE.