El asalto al Tribunal Constitucional

No hay duda de que vivimos tiempos asombrosos. La única regla es que no existe ninguna. Los consensos del pasado han saltado por los aires. No importa el mérito y la capacidad. Por supuesto, eso de la imparcialidad es una vieja antigualla. Lo relevante es colocar a los afines. La constatación más clara y directa ha sido nombrar a Juan Carlos Campo y a Laura Díez como magistrados del Tribunal Constitucional. Lo sucedido con Campo es sorprendente, porque dejó de ser ministro tras una fría llamada comunicándole «no cuento contigo». Tras este cese fulminante, aunque en el mundo de Sánchez nada es definitivo, se incorporó a la Audiencia Nacional como magistrado en una plaza que había conseguido mientras ocupaba la cartera ministerial. Nada irregular o cuestionable, porque es legal. En alguna ocasión me he arrepentido, aunque brevemente, por no haber sacado la plaza de profesor titular de Derecho Constitucional cuando era alto cargo. No me pareció ni ético ni estético, pero respeto a los que lo hacen. Estamos ante un político que es jurista. Desde el 2001 desempeñaba cargos públicos e incluso fue diputado del PSOE en tres legislaturas, además de secretario de Estado y ministro. Por tanto, no es un jurista independiente y se ha pasado más tiempo en la política que ejerciendo de magistrado. No llega a los 15 años.

No contento el Gobierno con nombrar a un político, ha decidido que sean dos y se ha quedado tan contento. Laura Díez Bueso es una reciente catedrática de Derecho Constitucional. He de reconocer que desconozco si obtuvo la cátedra mientras era alto cargo del Gobierno socialista. Lo que sí es evidente es que es cuota del PSC y lleva tiempo dedicada a la política. Ahora estaba aparcada, a la espera de un destino mejor, como vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, que es uno de esos bien retribuidos chiringuitos, lo digo expresamente, que han organizado las autonomías para que los partidos puedan agradecer los servicios prestados por los afectos a la causa. Hace años que he perdido el respeto, lo digo con tristeza, por los órganos consultivos, con la excepción, de momento, del Consejo de Estado, aunque no descarto que siga el mismo camino. No son tiempos fáciles para el Derecho y no interesan los juristas. Lo siento profundamente.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).