La situación provocada por la utilización con autorización judicial del programa Pegasus para espiar a dirigentes independentistas ha causado una grave crisis a Sánchez de consecuencias imprevisibles. En esta ocasión, la izquierda política y mediática no puede culpar al PP, aunque le gustaría, porque los protagonistas de la ofensiva que pone en riesgo la legislatura son sus socios más tóxicos. Como era previsible, la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de la directora de CNI, Paz Esteban, no han servido para aplacar a Podemos, ERC, JxCat, Bildu y las CUP, sino que se muestran más agresivos. Los «amigos» del PSOE quieren dimisiones, aunque se haya actuado correctamente. Es verdad que el polémico espionaje comenzó en la etapa del general Sanz Roldán, durante el Gobierno de Rajoy, pero siguió con gran intensidad con la llegada de Sánchez tras la moción de censura. Los españoles asisten asombrados al espectáculo de descalificaciones y exabruptos que reflejan la descomposición y fragilidad del Gobierno. Es bueno recordar que Podemos, el socio en la coalición, ha adoptado una posición muy beligerante siguiendo las instrucciones del telepredicador populista, Pablo Iglesias. Es una situación insólita que pone contra las cuerdas a Sánchez.

Es difícil saber hasta dónde llegará la ofensiva, porque los socios tóxicos se retroalimentan. La realidad es que estamos ante un escándalo artificial, porque el CNI no cometió ninguna ilegalidad. Las escuchas se realizaron con la autorización del Tribunal Supremo, que es el órgano competente, y tenían un fin legítimo, porque existía y existe una amenaza objetiva por parte del independentismo catalán en contra de España. A esto hay que añadir el espionaje, en este caso ilegal, sufrido por Pedro Sánchez y Margarita Robles, aunque no sabemos si hay otros casos. Es verdad que es una investigación que no creo que tenga recorrido porque no será posible determinar quién está detrás, salvo especulaciones que son solo eso. Estamos en periodo preelectoral y los enemigos del Estado no desaprovecharán la oportunidad de debilitar al gobierno por intereses estrictamente partidistas. Al no existir fundamentos legales para sustentar la ofensiva, ahora todo se circunscribe al terreno político y a las cesiones que Sánchez esté dispuesto a asumir. En todo caso, el desgaste que sufre indica un fin de etapa que beneficia al PP.