Por qué mienten

Mari Cruz ha conseguido mantener abierto el bar a base de esmerarse en convertir su cocina casera en un mostrador de paquetería culinaria. No ha sido fácil, aunque mucho más que tener que meter a Elvira en un ERTE, y ponerse ella al frente de la cocina. Le ha dicho la gestora que le va a corresponder una de las ayudas directas, aunque todavía no tienen claro la cantidad, ni siquiera la forma en que se solicitarán, ni cuando llegan. Mari Cruz espera que no sea demasiado tarde.

No cierra un solo día, ni descansa ella, fuera de las horas a que obliga la ley. Porque ella cumple. Algunos días se considera afortunada. No hay más que mirar alrededor, hasta en casa, donde su hijo mayor pasa como puede las horas tratando de volver a encontrar trabajo. Ella al menos puede resistir. No sabe por cuánto tiempo, pero es de las que confía que la vacuna vendrá pronto a socorrernos.

Hoy llega a casa de mal humor. Poco antes de cerrar, ha escuchado en la radio que una empresa de aviación, Plus Ultra, va a recibir del Gobierno 53 millones de euros en préstamos para su rescate porque se considera una compañía estratégica para la economía y el empleo. Hasta ahí, bien. La cosa se ha torcido al escuchar que es una empresa aérea que tiene un solo avión, que pierde dinero desde su creación en 2011, que en todo el año 2019 apenas operó un 0,03 por ciento del total de los vuelos en España y hasta que la banca le había negado un crédito ICO por el alto riesgo de insolvencia. Pero hete aquí que el gobierno español la rescata con 53 millones de euros, una cantidad nada despreciable, equivalente más o menos –ha oído también– a diez u once veces el total destinado en España a investigar en vacunas.

A ella también, como a los comentaristas de la radio, le parece inexplicable. Y eso le irrita. Pero la irritación se torna en indignación difícil de contener, cuando oye que aunque ese dinero solo se pueda dar a empresas españolas y ésta dice que lo es, lo cierto es que entre propiedad directa y acciones controladas directa o indirectamente por los propietarios, más del 57 por ciento de Plus Ultra está en manos de empresarios venezolanos, alguno cercano al régimen de Maduro. Y además no podría operar en España.

Es evidente que se ha favorecido a una empresa que ni es estratégica, ni está en manos de españoles, ni siquiera ha ganado dinero desde que se constituyó. La pregunta es sencilla –por qué– y la respuesta, imposible. Pero la sospecha se eleva con oscuros perfiles.

Dice la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, que todo está en orden y se han seguido las recomendaciones de informes independientes, y que no hay que «demonizar» las ayudas. Y esto a Mari Cruz le parece que es confundir el dedo con la luna: el demonio no está en la denuncia sino en lo denunciado. El mal no es la ayuda, sino su destino. La queja y la rabia no vienen por prestar a una empresa, sino por hacerlo a la que no lo merece. El escándalo que llega a Europa –porque ya tiene Bruselas un informe sobre el que habrá de decidir en apenas dos semanas– busca precisamente evitar episodios oscuros que ensombrezcan el reparto de dinero de los fondos. No es demonizar, sino lo contrario, redimir. No es la prensa ni la oposición la que, como insinúa el Gobierno, degrada la imagen de España aireando este extraño caso de rescate inmerecido. Es el Gobierno el que desprestigia su propia política manchando con la duda de una ayuda que nadie entiende y nadie parece dispuesto a explicar.

Le alivia pensar que quizá se equivocaron. Suponer, de buena fe, que no hay corruptelas ni intereses escondidos, y se trata simplemente de un error, o como mucho, una suerte de generosidad mal entendida por servicios prestados en transportes de medicinas, material o hasta repatriaciones, que de todo eso parece haber hecho Plus Ultra. Pero incluso eso sería ilegal. Y, desde luego, no casa con los nervios que destila el Gobierno en sus intentos de disimular, en la tinta de calamar que suelta cada vez que se le saca el tema, afirmando sin demostrar –porque no se ven papeles– que se han seguido estrictamente los protocolos y exigencias pese a que algunas tan elementales como la nacionalidad o su condición de estratégica no se cumplen, o jugando al despiste, tratando de vender que todo esto es una cortina de humo para tapar las comparecencias ante la Justicia de toda la dirección del PP, incluídos los dos ex presidentes de Gobierno, por el juicio de la caja b del partido. Algo que de ser así no ha tenido éxito alguno, porque ocupan las comparecencias en el juicio mucho más tiempo, espacio y análisis que lo de los 53 millones de la compañía del avión.

Entra en casa mientras piensa en lo torpe de la estrategia del Gobierno, en ese infantil meter la cabeza debajo del ala negando una realidad que no tardará mucho en estallarle en las manos.