Madrid se rebela contra la cotización por hacer prácticas

Cerca de 200.000 alumnos matriculados en FP o en las universidades cotizarán por las prácticas formativas que realicen desde el 1 de enero de 2024, a raíz de que se modificara la Ley de la Seguridad Social. Esta circunstancia, sin embargo, ha puesto en pie de guerra a algunas comunidades autónomas, entre ellas Madrid, que cree que la aplicación de esta nueva normativa «puede suponer la paralización de la FP y la universidad y, en consecuencia, la economía del país». Es por esto por lo que el consejero madrileño, Emilio Viciana, planteará en la Conferencia Sectorial de Educación, que se celebrará hoy, la derogación de la normativa por el serio problema que plantea a la administración autonómica y a las universidades, además de a las empresas que acogen a esos alumnos.

Para empezar, Madrid ve una contradicción en el hecho de que los alumnos coticen por formarse al considerar que colisiona con el sistema formativo y laboral que establece la ley de FP.

A eso se añaden otras incertidumbres, como es el hecho de qué ocurrirá a los alumnos que estudian a distancia y residen fuera de Madrid. «Desconocemos cómo se aplicará el principio de territorialidad», subrayan desde la Consejería.

Otro enigma es cómo cotizarán los estudiantes Erasmus si no se encuentran en España. Por otra parte, para los alumnos desempleados, «la realización de estas prácticas supondrá un freno en el cobro de la prestación económica», mientras que los centros de formación «tendrán que calcular y adelantar por pago delegado las prestaciones de incapacidad temporal por accidente de trabajo y enfermedad laboral». De este modo, los alumnos que no tengan cuenta bancaria por ser menores de edad, estén en situación irregular o tutelados por los servicios sociales, no podrán cobrarla, tal y como ha explicado la Consejería de Educación.

Pero aún hay más inconvenientes, como es el hecho del seguro escolar, que Madrid considera que es incompatible con el nuevo régimen de afiliación. De ahí que la duda que se plantee sea cuál de los dos sistemas correría con las prestaciones económicas sanitarias en caso de enfermedad, accidente escolar o infortunio familiar.

Otro detalle importante es que las empresas que den prácticas a los alumnos van a tener que afrontar las altas, bajas y cotizaciones y temen el régimen sancionador, por lo que el nuevo sistema pueda ser disuasorio para muchas empresas que preferirán no tener alumnos en prácticas.

Por último, tampoco las administraciones educativas cuentan con presupuesto ni personal experto en toda la logística que precisaría la gestión directa de todos estos trámites con la Seguridad Social. Es por esto por lo que el consejero de Educación sostiene que la norma «provoca desamparo a los desfavorecidos, confusión, inseguridad jurídica y desincentivo para las empresas e instituciones».

Los rectores, por su parte, también han expresado ya en numerosas ocasiones su preocupación por el asunto, ya que en muchas de las titulaciones se requieren prácticas para poder titular y, en muchos de los casos, las realizan en centros públicos, como hospitales, en el caso de alumnos de Medicina.