Óscar C.G. retuvo a la fuerza a José Ramón y a Rocío en su casa durante casi todo un día. Primero golpeó al chico con una figura de escayola y luego le ató las manos con una cuerda mientras lo amenazaba con un cuchillo. Después fue a por la chica, la penetró vaginalmente a la chica y le obligó a hacerle una felación. Al caer la noche, a punta de arma los obligó a subirse en el coche y estuvieron durante horas dando vueltas por Madrid hasta que el condenado decidió parar el vehículo en un descampado. Allí, sin soltar el cuchillo obligó a Rocío a masturbarle.

Todo esto se contempla en los hechos probados de una sentencia del año 2013 por la que Óscar fue condenado por dos delitos de agresión sexual. Diez años después el mismo tribunal ha pasado por encima de la sentencia el nuevo Código Penal que contempla horquillas punitivas distintas por la entrada en vigor de ley del «solo sí es sí» y ha rebajado la pena hasta prácticamente la mitad: de ocho años a cuatro años y seis meses. El agresor ya ha cumplido sobradamente su nuevo castigo, así que ha quedado en libertad.

No se trata de un asunto único, la Comunidad de Madrid lidera las excarcelaciones a presos por violencia sexual con nueve casos, si bien dos han permanecido entre rejas porque sumaban condenas por otros delitos. Si se cuentan las excarcelaciones efectivas Andalucía está ligeramente por encima de Madrid con ocho personas que han saldado sus cuentas con la Justicia, pero la región madrileña sigue estando a la cabeza con otros siete agresores que ya duermen en casa.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) es uno de los que ofrece datos más concretos que va actualizando cada quince días aproximadamente. Por el momento no existe un recuento oficial por autonomías, aunque pronto lo habrá porque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidió la pasada semana que cada territorio detalle cómo se está aplicando la ley estrella del Ministerio de Igualdad y reenvíe los datos para iniciar un contador oficial.

El TSJM, sin embargo, ha hecho desde el inicio un balance detallado de cómo está incidiendo el nuevo Código Penal. De hecho, los magistrados de la Audiencia Provincial madrileña fueron los primeros en celebrar una reunión conjunta para decidir qué postura adoptar de forma uniforme en cuanto a la rebaja de penas y no poner sentencias dispares.

Las primeras condenas reducidas en España trascendieron de la capital a mitad de noviembre, apenas unas semanas después de que entrara en vigor la nueva norma (el 7 de noviembre). Uno de los casos más escandalosos fue el de un profesor acusado de distintos abusos sexuales a sus alumnos a los que pagaba porque le enviaran fotos desnudos o les llevaba a casa y les quitaba la ropa para verlos a cambio de pequeñas sumas de dinero. La Audiencia Provincial que lo había condenado a seis años y nueve meses de cárcel redujo la condena a una cantidad mucho menor (un año y tres meses) y este profesor de inglés de un colegio de San Sebastián fue el primero en pisar la calle gracias al «solo sí es sí». Su caso fue peculiar porque los magistrados no solo restaron los años de acuerdo a la nueva horquilla sino que interpretaron que el delito del que se le acusaba (para menores de edad pero mayores de 18 años) había quedado destipificado porque según la lectura del Código Penal nuevo ya no existe el concepto de «engaño» para consentir en esta franja de edad. Se entiende que existe una madurez suficiente del niño, así que los jueces directamente eliminaron prácticamente todos los delitos que sumaba.

Mismo criterio

El 25 de noviembre, precisamente para que no concurrieran criterios dispares, los jueces de las 15 secciones que tiene la Sala de lo Penal de la Audiencia provincial (de las más grandes de España por el volumen de asuntos anuales) fijaron unas mismas reglas.

«Hubo dos acuerdos básicos», relata a este periódico Celso Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal Superior madrileño, «Que no son de aplicación las disposiciones transitorias, si no que directamente se aplica el 2.2 del Código Penal [la ley más favorable al reo de forma retroactiva] y que había que mirar caso a caso». En un primer momento hubo debate entre los juristas sobre si la disposición transitoria quinta del Código Penal (una suerte de artículo que desarrolla que en la transición entre una ley y otra si la pena impuesta está en el rango de la nueva horquilla penal no debe rebajarse) podría aplicarse en esta ley para evitar reducir todo aquello que abarcara el nuevo abanico penológico. Pero lo cierto es que al equipo de la ministra Irene Montero se le olvidó introducir este artículo de transición en su ley y los togados decidieron que si no se había añadido no podía aplicarse. Era el anuncio de que habría rebajas en muchos casos, aunque se miraría cada uno de ellos de forma individualizada y no como una resta matemática.

Hubo otros tribunales como el de La Rioja que tomaron la decisión opuesta a Madrid, más similar a lo que solicitaba la Fiscalía General del Estado para que, por norma general, no hubiera restas en las penas. «No nos habíamos planteado esperar al Tribunal Supremo, pero se da la casualidad de que solo cinco días más tarde el Tribunal dicta la sentencia del ‘caso Arandina’. Ahí hay algunas pistas adicionales que viene a alcanzar lo que ya habíamos decidido», resume Rodríguez. El Alto Tribunal impuso un año menos a cada agresor de la violación grupal a una menor en el equipo de fútbol Arandina y abrió así la vía para el resto de tribunales. El criterio elegido por Madrid y ratificado por los togados del Supremo que creó jurisprudencia y se impuso en todo el territorio. La Rioja, por ejemplo, terminó rebajando la pena a dos agresores.

Así, en la capital se ha restado años de cárcel entre otros muchos a agresores como Manuel L. que se fue a las tres de la mañana a dormir a casa de Laura, una amiga suya «desde la infancia» y cuando ella le está enseñando los enchufes del dormitorio para poder cargar el móvil él la cogió le dio media vuelta y se puso encima de ella. Laura trató de zafarse pero el hombre terminó penetrándola. Los jueces dejaron su condena de seis años en cuatro porque es el nuevo mínimo en la ley para este caso. De ocho a seis pasó el castigo de otro violador por agredir a su hijastra de 14 años y de 14 a 13 se redujeron los años en prisión para otro hombre que violó a su hija de forma continuada.

En total son ya 73 restas de condena en la capital. Los jueces de la Audiencia Provincial están revisando de oficio 269 sentencias firmes con condenado en prisión (lo que supone el 62,55% de la totalidad de las sentencias de este tipo) y analizan otras 161 a instancias de los afectados (el 30%). Por eso, lo previsible es que el número pueda seguir aumentando mucho en las próximas semanas.

Con respecto al resto de autonomías, la capital está en segundo lugar de rebajas totales solo por debajo de Andalucía que contabiliza 112 beneficiados. «Yo quiero pensar que se debe a una razón estadística [y no de interpretación]», aclara el presidente del TSJM. «Madrid es un sitio con muchísimo volumen de litigiosidad». A pesar de que el PSOE ha registrado ya una modificación de la ley para frenar el goteo de reducciones penales, éstas seguirán durante meses porque se seguirá aplicando lo más beneficioso para el reo.