Archivada la causa contra cuatro policías que abatieron a un hombre en "legítima defensa" en Villaverde

La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado definitivamente la causa contra cuatro policías que abatieron, en "legítima defensa", a un hombre en el barrio madrileño de Villaverde. Unos hechos que se produjeron el 5 de noviembre de 2021, en las inmediaciones del centro de Salud San Cristóbal de los Ángeles y que tienen como protagonista a un inmigrante, Issa Munkalia. Según consta en el relato de los hechos, este hombre portaba un chuchillo de grandes dimensiones, con el que amenazaba a los viandantes, por lo que varios indicativos policiales se personaron en el lugar de los hechos. Lejos de deponer su actitud, el hombre se abalanzó contra uno de los policías, al que causó lesiones en una mano y varias contusiones. Tras la agresión, los agentes se vieron obligados a abrir fuego y abatir a esta persona. Los cuatro fueron acusados de homicidio.

El pasado 12 de julo de 2023, el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid dictó auto de sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones. Fallo que fue recurrido por la Asociación SOS Racismo Madrid, admitiéndose a trámite su recurso de apelación subsidiario. Según consta en el auto de la Audiencia Provincial, la ONG alega que " Issa Munkaila se encontraba en la vía pública, posiblemente con sus facultades alteradas, portando un cuchillo y amenazando con él a los viandantes".

En la narración de los hechos, SOS Racismo especifica que si bien los disparos de dos de los agentes se enmarcan dentro de la "proporcionalidad", los de los otros dos policías están "menos justificados". Asimismo, acusa a los agentes de "mentir para exagerar la situación de peligro". En ningún momento se pone en duda que Munkalia portase un cuchillo y desplegara "una conducta peligrosa" contra uno de los agentes, pero entienden que la respuesta fue "desproporcionada" y que "hubiera sido más sencillo apuntar a zonas de escasa lesividad", no en el tórax.

Acorraló y se abalanzó sobre el policía

Tras examinar todos los elementos, el auto de la Audiencia Provincial de Madrid determina que es probable que el agresor tuviera "sus facultades intelectivas y volitivas gravemente mermadas" y que estuviera en la vía pública exhibiendo un cuchillo de grandes dimensiones y amenazando con él a los viandantes. Establece que una vez que los agentes le requirieron para que depusiera de su actitud, éste se abalanzó sin mediar palabra sobre uno de los agentes con el cuchillo en alto, lo que implicó que éste efectuara un disparo. Pese a ello, el fallecido habría mantenido su actitud "avanzando y acorralando al primer agente e intentando clavarle el cuchillo". Según continúa la narración, el agente logró zafarse y salir corriendo pero "el Sr Munkaila corre detrás de él con intención de clavárselo, momento en que sus compañeros efectúan varios disparos" y el fallecido cae entre los contenedores y el coche. De inmediato, los agentes se acercaron para comprobar su estado e intentar una reanimación hasta la llegada del Samur.

"Dichos hechos constan acreditados a través de las declaraciones coincidentes de los agentes, corroboradas por testigos ajenos a las partes y en la forma que se relata en el auto. No cabe decir que la actuación de los agentes fuera desproporcionada, pues se ha de atender al grado de agresividad y falta de raciocinio del Sr Munkaila y la rapidez de su actuación que exigían una contundente actuación en defensa del agente atacado, el cual probablemente si no hubiera sido así podría haber sido objeto del apuñalamiento pretendido con riesgo para su vida o integridad física", concluye el auto de la Audiencia Provincial. Es por ello que determina que "se cumplen los requisitos de la eximente de la legítima defensa aplicada para acordar el sobreseimiento libre de la causa", ratificando así el fallo dictado por el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid.

En palabras de Pedro Chamorro, abogado de JUPOL encargado de la defensa de los cuatro agentes, "el juzgado ha tenido en cuenta el criterio estricto y literal de la legítima defensa ante una agresión que ponía en peligro la vida de los agentes". Y ha ido un paso más allá al acusar a la Asociación SOS Racismo de buscar un "beneficio económico" con este recurso.

Precisamente, desde este sindicato denuncian que la Dirección General de la Policía no haya sido capaz de implementar el proyecto Táser, que podría evitar este tipo de tragedias. "Hace ya más de dos años que se aprobó y siguen sin estar distribuidas por las plantillas de España, no entendemos que frena u obstaculiza la distribución de las mismas", señalan.