Medina, al juez: «No pactamos comisiones. Entendí que me tocaba un tercio»

«No pactamos comisiones. Entendí que me iba a tocar un tercio. No se habla de comisiones hasta que no es viable la operación». Luis Medina –imputado por la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario en 2020– defendió ayer ante el juez Adolfo Carretero, instructor del «caso mascarillas», que la operación de intermediación por la que él y su entonces socio Alberto Luceño se embolsaron 5,6 millones en comisiones fue legal. «No tengo conciencia de haber cometido ningún delito», aseguró ayer en su declaración judicial, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

En esa comparecencia, y pese a lo que declaró en la Fiscalía Anticorrupción, enterró el hacha de guerra con Luceño. Ni malestar ni reproches, pese a que a según la Fiscalía percibió a sus espaldas unos emolumentos sensiblemente superiores a los suyos (de cinco millones de euros). «Me correspondía la comisión que cobré. No he sido engañado por el sr. Luceño».

Medina explicó al instructor, Adolfo Carretero, cómo llegó hasta Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid. Según explicó, el contacto se lo pasó «una amiga común», María Díaz de la Cebosa; «directora de una universidad en la que yo estuve un año». Al familiar del regidor, matiza, «no le conocía de nada». A ella le trasladó que «quería contactar con el Ayuntamiento o con la Comunidad». «Llamé a Carlos Martínez-Almeida y le dije que teníamos material sanitario para vender», explicó. «Al ser primo del alcalde –dijo–, imaginé que me podría dar un contacto en el Ayuntamiento».

“Luis era un facilitador”

El familiar del regidor, según su versión, le facilitó una dirección de correo electrónico, «que creo que era de Elena Collado», la alto cargo municipal que fue la encargada de gestionar la operación, a quien le dijo que tenían la posibilidad de suministrar productos sanitarios.

Tras una primera llamada, ella habló con Luceño, quien en su declaración ante el juez dejó claro cúal era la función de Medina en el negocio: «Luis era un facilitador y yo soy un agente». «Yo no engañé a Medina. Yo no sabía la retribución hasta que no se cerrara la operación». Y aunque Luceño afirmó que él era «agente exclusivo» de Leno –la empresa de Malasia que suministró el material, gran parte defectuoso según Anticorrupción–, Medina (que se definió como un «broker de materias primas» que hasta la pandemia no se había dedicado a temas sanitarios) dijo no conocer de nada ni a la empresa Lena ni a su administrador, Shan Chin Chon.

Según la versión del hijo de Naty Abascal, fue Luceño –a quien conocía «por trabajo»– desde 2018, quien le trasladó que «tenía proveedores de materias en China» para que el buscara «a gente a la que le pudiera interesar». «Se nos ocurrió a los dos», declaró, aunque especificó que el contacto con el Ayuntamiento lo tenía él.

“No tengo intención de defraudar nada”

Según detalló, percibió por esas gestiones de intermediación «novecientos y pico mil euros» y defendió la calidad del material suministrado. «Los guantes eran los estipulados, otra cosa es que las expectativas del Ayuntamiento fueran otras». Eso sí, rechazó que fuese «agente exclusivo» de Leno, como consta en la documentación aportada a los bancos para aclarar el origen de las comisiones. «Es un formalismo», adujo.

Con el dinero obtenido, se compró un velero y dos bonos de 200.000 euros –ha ratificado–, un dinero del que dispuso «antes de ser llamado por la Fiscalía en abril de 2021» para «préstamos» y para «ayudar a la gente». Según expuso, el fiscal no le dijo «que tuviera prohibido disponer de ellos». Asimismo, negó que vaciara sus cuentas (donde el juez solo encontró 147 euros para embargar). «No tengo intención de defraudar nada. Estoy haciendo todo lo posible para evitar el alzamiento de bienes». «No hay un solo euro en el extranjero

«Luceño hizo todo el trabajo», insistió. Y en su declaración, su exsocio asumió ese papel y defendió la legalidad de la operación. «Me llevé el 47%, que en nuestro trabajo es un porcentaje normal». «Luis es mandatario y yo agente –explicó para justificar por qué se llevó una comisión mayor– y a los mandatarios se les reconoce un dólar, dólar y medio».

Luceño: “Mi intención era en parte ayudar al Ayuntamiento”

«Mi intención era en parte ayudar al Ayuntamiento y por supuesto cobrar mi trabajo», defendió ante el juez. Respecto a Leno, dijo que no había hecho antes ninguna operación y que en 2018 firmó los documentos con la empresa malaya. «Yo no engañé a Medina», recalcó. «No sabía la retribución hasta que no se cerrara la operación».

El exsocio de Medina contó que cuando Elena Collado le dijo que les habían estafado (al ver a un precio sensiblemente inferior los guantes adquiridos) «me enfadé con ella». «Le dije que eso era imposible, que comprase esa cantidad en el supermercado».

Y, asimismo, explicó que cuando la alto cargo municipal se quejó de que «había bajado la sensibilidad de uno de los lotes» de test Covid, «le devolvimos sesenta mil reactivos para que la sensibilidad del test fuera correcta».

“Nadie va diciendo lo que cobra”

Luceño se quejó de que los porcentajes de comisión que se les atribuyen «no son reales». Y defendió que los documentos que aportó a su banco para justificar el origen legal de sus ingresos por la intermediación en el negocio no son falsos (al contrario de lo que defiende la Fiscalía). Los vehículos de lujo que compró, dijo, eran para alquilarlos en el circuito del Jarama y «hacer negocio», pero perdió dinero porque «se devaluaron algunos coches».

Según su versión, antes del pelotazo su nivel de vida era «medio alto» y ganaba «entre tres mil y siete mil euros al mes». Y el dinero que ingresó por su comisión, lo gastó en «viajes de carácter internacional», en vehículos de lujo, en pagar nóminas y alquileres y en impuestos (más de 600.000 euros en Sociedades, según expuso) de su empresa, Takamaka. «He hecho una operación limpia con el Ayuntamiento», se reivindicó. «Nadie va diciendo lo que cobra»

Carretero, ha retirado el pasaporte y ha prohibido salir de España a Medina y Luceño, tal y como le solicitaron PSOE, Podemos y Más Madrid, y les obliga a comparecer en los juzgados cada 15 días.