La “gestapillo”: el otro caso de espionaje del PP en Madrid y que llegó a los tribunales

El posible espionaje a la presidenta del PP Isabel Díaz Ayuso retrotrae a un caso de naturaleza similar y que, en su acaso, acabó en la Audiencia Provincial de Madrid. En concreto, la presunta vigilancia, entre marzo y mayo de 2008, a políticos del PP como el ex vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y al ex vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Un trabajo que se habría realizado con fondos del Gobierno regional, presidido entonces por Esperanza Aguirre y su vicepresidente, Ignacio González. Fue el caso conocido como el de la “gestapillo”, bautizado así por el propio Manuel Cobo. Según apuntaban entonces las investigaciones, habrían contado con miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para llevar a cabo dichas tareas de espionaje.

En aquella ocasión, el presunto espionaje habría sido fruto de la tensión, pública y notoria, existente entre la entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón. Sobre todo por la pugna interna por presidir el PP después de que Mariano Rajoy perdiera las elecciones generales de 2008 frente a José Luis Rodríguez Zapatero. Fue precisamente el vicealcalde de Gallardón, Manuel Cobo, quien dio la voz de alarma al asegurar que había sido víctima de una serie de vigilancias. Posteriormente, Alfredo Prada se sumó a la denuncia.

Esperanza Aguirre aseguró que “jamás” ordenó ni consistió esos seguimientos. “Si pasó, que caiga sobre los responsables todo el peso de la Ley”, aseguró Aguirre, que abrió una investigación interna cuando estaba al frente del PP de Madrid. En su defensa, aseguró que Alfredo Prada era “aguirrista”, por lo que no tendría ningún motivo para ordenar su vigilancia.

Diez años después, en febrero de 2019, el caso llegó a la Audiencia Provincial de Madrid por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Uno de los guardias civiles acusados de espionaje aseguró que, “por especial interés” de Ignacio González, recibieron en 2008 “órdenes ilegales” de realizar “seguimientos” a políticos del PP como Cristina Cifuentes, Alfredo Prada y Manuel Cobo.

Sin embargo, en aquel mismo mes, el jurado popular, por un estrecho margen de un voto, consideró “no culpables” a los dos procesados de mayor rango: el exdirector general de Seguridad del Gobierno regional, Sergio Gamón, y su número dos, Miguel Castaño. Mientras, y por unanimidad, consideró inocentes a cuatro de sus subordinados: los guardias civiles José Oreja , José Caro y Antonio Coronado y el técnico José Manuel Pinto.