La vivienda entra en campaña

La política de vivienda se ha convertido en un tema central para la campaña electoral. No es buena noticia. Y no lo es porque la competición entre las izquierdas por hacerse con la bandera de la vivienda no ayuda en nada a conseguir que el acceso a la vivienda sea un derecho efectivo para los madrileños, especialmente los jóvenes que buscan emanciparse.

El problema del acceso a la vivienda no puede abordarse de manera aislada y simplista ya que su solución está directamente vinculada a esferas como la del mercado laboral, la disponibilidad de suelo, o la situación socioeconómica. Mientras la izquierda se debate entre la expropiación, la okupación y la intervención, nosotros trabajamos desde el lado de la libertad, que es siempre la clave de todo acierto.

Si la súbita preocupación electoral de la izquierda por la vivienda de los madrileños puede servir para algo es para contraponer dos modelos que parten de planteamientos distintos y que ofrecen resultados también diferentes. Por una parte, la izquierda apuesta por el intervencionismo, el apoyo a la okupación, el aumento de impuestos, la restricción de la oferta y la rigidez urbanística. Ejemplos de estas políticas son los topes en los precios de alquiler que han fracasado allá donde se han aplicado, los decretos que promueven la okupación en lugar de combatirla, las legislaciones expropiatorias promovidas en gobiernos izquierdistas y que han resultado ser inconstitucionales, o la creación de tasas que han lastrado la construcción de vivienda protegida. Por no hablar de la paralización durante cuatro años de la actividad urbanística operada por el gobierno de Manuela Carmena y el PSOE que privó a los madrileños de una mínima oferta de vivienda, provocando su encarecimiento.

La propuesta del PP es exactamente la contraria: reducir impuestos, reducir burocracia, reforzar la oferta, fomentar la colaboración público-privada, flexibilizar el urbanismo... Y ejemplo de estas políticas son el Plan Vive, ya promovido por Isabel Díaz Ayuso y actualmente incluso licitado, para activar 1,2 millones de metros cuadrados de suelo que se convertirán, gracias a un novedoso sistema, en 25.000 viviendas para jóvenes a precio asequible, sin que la Comunidad tenga que pagar los 3.000 millones que costaría construirlas, porque corren a cargo de las empresas adjudicatarias. Un gran modelo que ya ha sido descubierto por el PSOE, dos años después de ponerlo en marcha un gobierno del PP.

Lo que para la izquierda es una excusa para la propaganda, para el PP es un compromiso real para convertir un derecho constitucional en una realidad de progreso para los madrileños.