Investigan la falsificación de documentos en dos contrataciones públicas del Ayuntamiento de Getafe, que dirige Sara Hernández.

La Justicia investiga ya algunas de las irregularidades que denunció públicamente Mónica Cerdá, la concejala díscola del PSOE de Getafe, cuya alcaldesa es la secretaria general de los socialistas en Madrid, Sara Hernández. Ambas mantienen un enfrentamiento cada vez más evidente desde que, justo antes de Semana Santa, Hernández retiró a esta edil sus competencias para adjudicarle otras menos importantes a las que Cerdá renunció para quedarse como concejala «rasa», lo cual provocó una reunión muy tensa que terminó en los juzgados con la primera acusando a Hernández y a otros miembros del PSOE de Getafe de coaccionarla y amenazarla, si bien la propia afectada retiró la denuncia hace un mes en la vista previa al juicio de faltas.

Sin embargo, poco después la propia Cerdá denunció públicamente varias irregularidades en distintas contrataciones del Gobierno local de Sara Hernández. Pero no lo hizo sólo a través de los medios, sino también ante la Justicia el 15 de marzo, cuando todavía era concejala y máxima responsable de la empresa municipal Getafe Iniciativas S.A. (GISA) y justo una semana antes de que Sara Hernández la rebajara en el escalafón del Gobierno local.

Mónica Cerdá denunció ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Getafe a la asesora jurídica de GISA, Juana Álvaro, por el enfrentamiento sobre las adjudicaciones de la gestión y el mantenimiento de los centros de acceso público a internet (Redint) de Getafe. Cerdá acusa a esta asesora de una doble «falsificación de documento público» cuando ya se habían iniciado ambos expedientes de contratación, el primero de los cuales firmó ella misma como máxima responsable de GISA el 17 de febrero. Y así se lo anunció ese día por escrito a Sara Hernández con un correo electrónico en el que Cerdá se queja a su alcaldesa de las «trabas» y «mala asesoría jurídica» por parte de esta asesora y del gerente de GISA y avisa a la regidora socialista de que, aunque «nos indicaste que es un tema de Alcaldía» y que el gerente es «una persona de tu entera confianza», como responsable de esta empresa municipal «he tomado la decisión de dar instrucciones» para que se hicieran los pliegos de adjudicación como le habían aconsejado la Secretaría y la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, a los que Cerdá recurrió tras las diferencias con esta asesora de GISA.

Sin embargo, una vez abiertos ambos expedientes, aparecieron informes jurídicos de esta asesora en contra de la tramitación ya iniciada, según explica la denuncia. La acusación de falsedad documental se sustenta en que dichos informes «desconocidos» hasta entonces por la concejala responsable aparecieron después de iniciarse la tramitación, pero con fecha anterior, por lo que Cerdá hace constar en su denuncia que hay «claros indicios de la alteración o simulación» de unos documentos cuya «fecha ha sido manipulada» para poder así anular ambas contrataciones.

Esta denuncia fue admitida recientemente y se encuentra ya en fase de instrucción. De hecho, el pasado jueves declararon ante el juzgado la asesora denunciada en calidad de «investigada» y el gerente de GISA como testigo. Además, tres días antes de estas declaraciones la propia empresa municipal solicitó personarse en la causa como perjudicada, algo que ha sorprendido a la parte denunciante, toda vez que el mismo Gobierno local de Sara Hernández no ha reaccionado igual en otros asuntos judiciales que también afectan a esta asesora, como las supuestas irregularidades en las obras del Teatro Madrid de la ciudad y en la adjudicación de una plaza de personal en la misma empresa municipal. El próximo miércoles, día 11, a las 10:30 horas están previstas más declaraciones de testigos, en este caso del asesor jurídico y de la secretaria del Ayuntamiento de Getafe, los mismos que, según la todavía concejala Mónica Cerdá, le recomendaron que tramitara las contrataciones de los centros de internet como ella intentó y no como pretendía la asesora de GISA a la que después denunció. Así, se reabre un nuevo frente judicial en la crisis interna que arrastra el grupo municipal de Sara Hernández.