El alcalde de Fuenlabrada, imputado por prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 4 de Fuenlabrada ha citado a declarar en calidad de imputado al alcalde de dicha localidad, Manuel Robles, y al director de servicios jurídicos del departamento de recursos humanos del mismo consistorio, Ángel Gil Blázquez. Ambos deberán prestar declaración el próximo 13 de enero por un posible delito contra la integridad moral, otro por prevaricación y un tercero por lesiones contra un ex funcionario.

El denunciante, Ricardo de Montes, letrado y ex coordinador del Departamento de Personal del Ayuntamiento, fue trasladado de puesto por una reorganización de departamentos a la que el querellante se negó. Según el auto, De Montes acusa al actual regidor de sufrir «acoso laboral» cuando advirtió que los directivos no podían ser nombrados «a dedo», sino que debían seguir el proceso administrativo pertinente.

Tras esta negativa, según De Montes fue sometido a numerosos episodios de «acoso y hostigamiento», le pusieron cámaras para espiarle y le trasladaron de departamento, atentando «contra su integridad moral y que le produjeron alteraciones psicosomáticas de naturaleza grave». El dispositivo de vigilancia se encontró camuflado en el interior del sistema de detección de humos con la finalidad, según la denuncia, de realizar una vigilancia encubierta y oculta de los funcionarios que en su día denunciaron esto junto a Ricardo de Montes.

El letrado, que ya sufría problemas de salud, vio cómo toda esta situación provocaba un empeoramiento de su dolencia. Más tarde, un tribunal médico le reconocería una incapacidad del 55 por ciento, motivo por el que solicitó un nuevo puesto al Ayuntamiento acorde con su discapacidad.

Sin embargo, el auto recoge que el alcalde desobedeció un auto de 20 de noviembre de 2009 del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Madrid y llegó a inadmitir esta solicitud de adaptación del funcionario a su nuevo puesto de trabajo «compatible con su estado de salud y la incapacidad que le fue reconocida». Es cuando Ricardo de Montes pone una querella en diciembre de 2013 que fue admitida a trámite. El pasado mes de febrero, el alcalde tuvo que acudir al juzgado donde fue informado de su situación procesal. Tras ello, declaró que los nombramientos de todos los directores del Ayuntamiento contaron «con los informes favorables de Intervención y Secretaría en cumplimiento de la Ley de Grandes Ciudades».

El auto añade que «si llegara a probarse que existe relación causal entre las graves dolencias del querellante, algunas de ellas anteriores a estos hechos, y su incapacidad final, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de lesiones».

Por su parte, el Ayuntamiento defiende que siempre ha actuado conforme a la Ley y niega las acusaciones, por lo que, en ese caso, procederá a llevar acciones legales que demuestren la falsa denuncia realizada.