Archivado el escrache a Barbero que intentó reabrir tres veces los expedientes a los policías que le increparon

La investigación interna ha propuesto su archivo hasta en cuatro ocasiones, la última el día 16, al no apreciar ninguna falta.

No parecían convencerle los repetidos informes del oficial de Asuntos Internos de la Policía Municipal ni de los instructores de Gestión Disciplinaria que recomendaban el archivo de las investigaciones al no apreciar ninguna falta en el comportamiento de los agentes que le «escrachearon» en febrero de 2016. El concejal del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, insistió hasta en tres ocasiones y recusó esos informes negativos a expedientar a estos agentes hasta que se ha cerrado de forma definitiva el pasado día 16 de noviembre, por cuarta y última vez.

Los hechos que motivaron la apertura de un expediente disciplinario a seis agentes de Policía Municipal ocurrieron el 16 de febrero del año pasado. Ese día se celebraba la comisión del Área de Seguridad del Ayuntamiento y una de las preguntas iba encaminada a la eliminación de las UCES («antidisturbios» de Policía Municipal), por lo que el sindicato mayoritario del Cuerpo, CPPM, había convocado una concentración en la Plaza de la Villa, donde tenía lugar la comisión. Había unos 200 policías concentrados, que no esperaban ver salir por la puerta principal a los responsables de la gestión que ellos criticaban: el concejal Barbero y el director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano. Les gritaron de todo, sobre todo al primero: «perroflauta», «rojo de mierda», «hijo de puta», «Serrano llama a las UCES» (la unidad que eliminaron)... Y ellos tuvieron que resguardarse en un bar de la calle Bordadores hasta que el coche oficial pasó a recogerles. Además de los insultos, hubo algún zarandeo al coche oficial pero, en ningún momento, los encargados de la seguridad personal de los políticos vieron peligrar su integridad, y así lo fueron explicando ante los responsables de esta investigación interna. Barbero calificó aquellos días de «fascistas» a los agentes que le increparon, lo que le costó una demanda por injurias por parte del colectivo, que finalmente fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid el 2 de junio de ese año. De forma paralela a este procedimiento judicial ordinario, el político de Ahora Madrid ordenó a Asuntos Internos el 7 de marzo de ese año que investigaran la posible comisión de estos agentes –finalmente fueron seis los encartados– de dos faltas disciplinarias graves recogidas en el artículo 8 de la L. O. 4/2010, de 20 de mayo del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. Concretamente quería aplicarles los apartados A y X de este artículo 8. El primero hace referencia a «la grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones o cuando cause descrédito notorio a la Institución Policial». El apartado X habla de «la infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función policial, cuando se produzca de forma grave y manifiesta». Es decir, quería expedientarles por no haber velado por su seguridad como «personalidad» cuando los manifestantes eran justamente policías y «debían» hacerlo.

Sin embargo, el argumento se fue cayendo cuando los encargados de su escolta aseguraron que la integridad de las personalidades no había corrido peligro y que la «cápsula de seguridad» no se invadió en ningún momento.

El primer informe negativo llegó a Asuntos Internos de la mano del oficial de guardia de aquel día, donde explica que no se produjo ninguna lesión ni peligro para la integridad física, que nadie corrió riesgo y que todo se desarrolló de forma normal, dentro de una concentración de estas características. Según fuentes policiales conocedoras del proceso de investigación interna, dos días después, el que más tarde fuera asesor –desde este verano– de Serrano, Roberto Gómez, llama al jefe de Asuntos Internos por aquel entonces, Fernando Martín, y, de parte de la Dirección de la Policía, le pide que deje sin efecto cualquier indagación que estuviese realizando. Un mes después, el 12 de abril, la misma Dirección pide a esta unidad toda la documentación que obrara en su poder. Aquí, muchos han interpretado que esta orden de «pausa» en la investigación podría estar relacionada con el asunto judicial que Barbero tenía en marcha por haberles llamado «fascistas». Y es que, da la casualidad de que dos meses después lo vuelven a reactivar. El archivo de las injurias de Barbero llegó el día 2 de junio y sólo catorce días después, Teodoro Pérez, el inspector jefe del Cuerpo, envía de nuevo toda la documentación a Asuntos Internos para que continúe con las investigaciones pertinentes, a pesar de que ya tenían indicios de que se archivaría, al no apreciar los responsables policiales ninguna falta.

Efectivamente, el nuevo oficial de la unidad, Sergio Díaz, propone el 29 de agosto de 2016 el archivo de las actuaciones. Entre otras cosas, argumenta que los agentes no estaban de servicio por lo que no se podría hablar de ninguna «desconsideración» hacia sus superiores.

A pesar de esta propuesta de archivo, el 2 de septiembre, el director del Cuerpo policial, Andrés Serrano, que era parte del procedimiento como «escracheado» y, por tanto, que debería haberse abstenido en el mismo, ordena a Gestión Disciplinaria –formada por instructores «civiles», técnicos del Ayuntamiento– que coja el caso y, dicho en términos judiciales, «procese» a estos agentes. Un mes después, en una nota interna, reclama a este órgano que le informe sobre el curso de la investigación. Es decir, sigue sin inhibirse hasta que, cinco meses después, ya toma las riendas el coordinador general de Seguridad y Emergencias, Daniel Vázquez. Ya estamos en abril de 2017 y Gestión Disciplinaria, a medida que va tomando declaración a testigos, sigue sin apreciar por ningún lado las faltas disciplinarias que denuncian los responsables políticos. Muchos han criticado ese afán casi persecutorio y la desviación del interés general que deben promover estos políticos con el interés particular de sancionar de alguna manera a quienes les increparon en la calle. Tanto es así que ya parecen dejar de lado esas dos faltas tipificadas en su reglamento y quieren acogerse a la posible infracción administrativa en la que podrían haber incurrido algunos policías al saltarse el espacio autorizado por la delegación del Gobierno para la concentración. Es el 18 de septiembre cuando llega la nueva propuesta de archivo por parte del instructor del caso, Emilio de Castro. Pero once días depués, Daniel Vázquez, insiste en que la concentración se excedió de los límites autorizados. De existir, en ningún caso podría ser sancionable por parte de Gestión Disciplinaria. Al alargar el proceso, los políticos proponen nuevos testigos y «tiran» de sus asesores de Prensa y director de Gabinete, Antonio Javier Fernández, denunciado precisamente por la Policía Municipal al desobedecer sus órdenes en el Mad Cool de 2016. A pesar de todos estos testimonios «de parte», Gestión Disciplinaria insiste en el archivo definitivo de las actuaciones en un informe del pasado día 16.

El mismo día del escándalo del chat policial

Fuentes cercanas al proceso de investigación interna de este caso aprecian una serie de coincidencias en las fechas y las formas de actuación de Barbero. La última ha sido la del archivo definitivo (el cuarto) del «caso escrache». El informe negativo a la sanción está fechado a día 16 de noviembre pero se notificó el día 20. Justo el día que «saltó» el escándalo del grupo de WhatsApp entre policías municipales y el expediente disciplinario que quieren incoar a los implicados. Muchos consideran que, al no poder sancionar a los agentes que le escrachearon, Barbero cambió de objetivo y se centra ahora en estos policías en un intento más de desprestigiar a los policías municipales.