Un exempleado de Ciegsa que testificó ante los agentes de la Guardia Civil que han investigado el caso Imelsa sitúa al ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla como responsable del incremento de los costes de adjudicación de proyectos y del supuesto cobro de comisiones ilegales.

Según consta en la declaración que este testigo, responsable de la división técnica de Ciegsa entre el año 2000 y 2005, hizo el pasado mes de marzo en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, Caturla le despidió tras negarse a incrementar el coste de una obra adjudicada a Sedesa, la firma de Vicente Cotino, según recoge EFE.

Antes de la llegada de Caturla a Ciegsa, el proceso de adjudicación de centros escolares a través de esta empresa pública dependiente de la Generalitat se basaba en baremos que realizaban los técnicos del departamento de proyectos.

«De acuerdo con estas baremaciones el gerente proponía el adjudicatario, y posteriormente el consejo se reunía cada vez que había que aprobar una licitación para decidir sobre la misma», explicó este testigo a los agentes.Uno de los principales cambios en el sistema de adjudicaciones con la llegada de Caturla fue la licitación por lotes, de modo que las empresas que concurrían habían de disponer de gran capacidad financiera, «impidiendo por tanto la concurrencia de determinadas empresas pequeñas».

Según este testigo, en diciembre de 2003 Caturla propuso cambios en el organigrama de Ciegsa que afectaron fundamentalmente a la división técnica para dividirla en dos, una dedicada a la contratación y otra a proyectos y obras, de modo que este testigo dejó de tener control sobre las adjudicaciones.

La persona designada como responsable del área de contratación fue un arquitecto que también trabajó posteriormente para Imelsa y que se encuentra imputado en el caso Imelsa.

Sobre esta división de funciones, según este testigo, se celebró una reunión en Ciegsa (enero de 2004) en la que se anunció una nueva dirección ejecutiva en la empresa y cambios en los pliegos para favorecer a constructoras valencianas.

En esa reunión, explicó a la Guardia Civil el exempleado de Imelsa, Caturla se atribuyó el cometido de comunicar las adjudicaciones a las empresas y, según las anotaciones personales de este testigo, Caturla dijo: «En esta empresa manda el conseller -entonces Esteban González Pons- y el conseller hace lo que le sale de los cojones, y si alguien no está de acuerdo dimite y se le da un cheque y en paz». Caturla despidió a este trabajado