La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia considera en un auto que «la reforma de la ley (de Enjuiciamiento Criminal), estableciendo el plazo máximo de instrucción de seis meses es poco menos que un dislate del legislador, que parece desconocer la realidad de la generalidad de los Juzgados de Instrucción y del coste personal de los instructores para llegar a lo imposible».

La sección cuarta se manifiesta de este modo en un auto en el que niega la declaración como causa compleja de unas diligencias previas seguidas en Instrucción 3 de Torrent, porque pese a considerar «un dislate» la instrucción en un semestre considera que la ley «es lo que es y debe intentar ser cumplido, y desde luego no burlado o soslayado aplicando la declaración de complejidad».

El auto aduce que no se da ninguna causa de complejidad y que de darse, no es explicado bien en el auto del juzgado en el que se solicita dicha declaración.

Estas circunstancias son ya de por si contrarias a lo que establece la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé que el ministerio público, previa audiencia de las partes, declare la instrucción compleja cuando por circunstancias sobrevenidas a la investigación, no pudiera razonablemente completarse en el plazo estipulado.